“Promover la conservación del bosque nativo” y “fomentar las actividades productivas” sustentables son los principales objetivos de la Ley de Bosques sancionada anoche, con la que se buscó un equilibrio entre los intereses contrapuestos de los ruralistas y los ambientalistas. El desmonte, desde ya, continúa prohibido en las zonas de bosques nativos.

El proyecto fue aprobado con los votos de los bloques Unión por Córdoba y Unión Cívica Radical, y las bancadas unipersonales de la Unión Vecinal Federal, PRO y Movimiento Patriótico. Los juecistas votaron divididos: cuatro de ellos lo hicieron a favor (Eduardo Bischoff, Rodrigo Serna, César Seculini y Esmeralda Rodríguez) y el resto en contra, incluido el presidente del bloque, Roberto Birri. Defendieron la iniciativa que aplaudían los ambientalistas los legisladores de Concertación Plural, Frente para la Victoria, Coalición Cívica, Vecinalismo Independiente, Peronismo Militante e Izquierda Socialista, y parte de los juecistas.

“Se arrancó el trabajo legislativo con dos posiciones encontradas: de un lado la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos), y del otro las entidades ruralistas, y hemos avanzado en una iniciativa legislativa que integre a los dos sectores, con el mayor equilibrio posible”, explicó el vecinalista federal José Maiocco, quien defendió el despacho de la mayoría y recogió, mediante insultos, la intolerancia de los ambientalistas que siguieron el debate desde las gradas.

“El proyecto de la COTBN no era una buena ley porque dejaba afuera al hombre” (Maiocco)

Advirtió Maiocco que “el proyecto de la COTBN no era una buena ley porque dejaba afuera al hombre, apuntaba a restringir la producción de la zona noroeste, la más pobre”. “Excluía la posibilidad de producción -agregó- para aquellos pequeños productores que cuidan el bosque”. Incluso, calculó que la pérdida de fuentes de trabajo, con la iniciativa de los ambientalistas, sería de alrededor de 50 mil.

El proyecto de los ambientalistas, y que apoyaron algunos legisladores, pretendía que en las “zonas rojas”, aquellas donde están los bosques nativos, quede prohibido cualquier tipo de actividad productiva. En cambio, el proyecto aprobado anoche lo permitió siempre que sea “sustentable” y esté adaptado al plan de conservación. Hubo otras diferencias entre ambos proyectos, pero ésta fue la más discutida.

Marcelo Falo (Unión por Córdoba), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, se llevó las felicitaciones de casi todos los bloques por su trabajo para acercar las partes, pero el propio delasotista consideró que para él era “una jornada medio tristonia” porque prefería otro proyecto que había realizado y que no alcanzó el consenso necesario. De todos modos, pidió a los demás legisladores que voten el proyecto despachado porque se logró lo mejor posible.

Alejandra Matar (Unión Cívica Radical) destacó que “es posible un uso múltiple del territorio” y que también puede desalentarse, con la nueva legislación “el uso irracional del suelo”. Y, recalcó: “La ley no es la gestión, es un instrumento y el gobierno tiene la última palabra”.

“Esta ley es un paso inseguro, que está mostrando debilidades”, acusó Augusto Varas (Frente Cívico y Social), quien asimismo criticó la reducción, respecto al proyecto ambientalista, de la zona protegida en los márgenes de los ríos y el achicamiento de la superficie total de las zonas rojas (de 5 a 1 millón de hectáreas, aproximadamente).

Enrique Asbert (Concertación Plural) aportó una hipótesis: que Manuel Belgrano habría votado en contra. Omar Ruiz (Coalición Cívica) criticó a la Provincia por la “falta de una política ambiental”, y señaló que en Salta la Justicia obligó a rehacer la ley aprobada allí porque no cumplía correctamente con la norma nacional, de la que todas estas legislaciones son adaptaciones.