El proyecto de autoría de Irma Haneck y Manuel Vázquez (Bloque Sur) se dirige a los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, respecto de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

Vázquez manifestó que esta iniciativa fue presentada en marzo del corriente año derivado de la creciente preocupación que se percibía en la zona Andina, lo cual quedó demostrado con los violentos hechos ocurridos recientemente en San Carlos de Bariloche.

En este sentido, indicó que el Código constituye un marco amplio de referencia para compatibilizar la seguridad pública con respeto a los Derechos Humanos y por ende una herramienta fundamental para reencauzar el tejido social que se ha venido desintegrando por la ausencia de reglas que garanticen el accionar de las fuerzas de seguridad.

El legislador explicó que el Código que se pretende adoptar fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1979 con el fin de efectuar recomendaciones para asegurar el respeto por los derechos humanos, por parte de los agentes de seguridad.

Indicó también que esta Resolución de la ONU impone a los funcionarios un servicio a la comunidad y la protección de todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Establece además que podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, que no podrán infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación.

En tal sentido, Vázquez señaló que el proyecto propone que este Código se incorpore en los programas de estudio de los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública y que el personal que no cumpla con la capacitación no pueda ser promovido a una jerarquía superior.

La legisladora Beatriz Contreras (Encuentro Frente Grande) explicó que en la comisión de Derechos Humanos que preside, la directora de Escuela de Cadetes le informó que “este Código ya ha sido incorporado no sólo en la formación de cadetes, sino que también forma parte de los distintos cursos de perfeccionamiento jerárquico”. Sin embargo, rescató el carácter obligatorio que establece la iniciativa aprobada hoy porque asegura su permanencia y aplicación.

Silvia Horne (PJ) aunque el voto de su bancada fue favorable, afirmó que un código de ética no es coactivo, no establece sanciones por incumplimiento, sino que impulsa conductas deseables y que, aunque estos conceptos ya están incluidos en nuestra legislación falta ponerlos en práctica.

Iván Lázzeri (ACD), por su parte, expresó que se trata “de un instrumento que la Legislatura de Río Negro brinda para que nuestra policía sea mejor, para que no sólo quienes tienen la tarea de gobernar se sientan orgullosos de ella sino la ciudadanía en su conjunto”, lo cual tomará mayor relevancia “cuando también sancionemos en segunda vuelta el proyecto que crea el comité Anti Tortura”.

Por último, el legislador destacó que estas leyes no deben interpretarse como un entorpecimiento al funcionamiento de las fuerzas de seguridad, sino “como una clara colaboración a una policía que está al servicio de la democracia”.