La propuesta del Departamento Ejecutivo para modificar el régimen de sanciones ante la detección de construcciones ilegales, por el cual se pretende agilizar la demolición de este tipo de edificaciones, podrá ser tratada este jueves en la sesión plenaria del Concejo Deliberante luego de que ayer obtuviera el despacho favorable de la comisión de Legislación.

Esta iniciativa, mediante la cual se trata de clausurar la posibilidad de que las obras antirreglamentarias sigan siendo convalidadas mediante el simple pago de multas económicas, fue aprobada junto a otro proyecto por el cual, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, planteó poner en vigencia un Plan de Regularización Catastral para que, durante un plazo de 30 días, exista la posibilidad de que algunas construcciones ilegales puedan ser declaradas.

El objetivo es que el Plan entre en vigencia antes de que comience a ser aplicado el nuevo esquema de sanciones.

Ambos proyectos habían sido presentados semanas atrás por el Ejecutivo y el viernes pasado habían obtenido el visto bueno de las comisiones de Obras y de Hacienda.

Ayer, al ser tratadas en Legislación, fueron aprobadas con el voto favorable de Acción Marplatense y la abstención del radicalismo y el Frente es Posible de Carlos Arroyo.

Más allá de asumir esta postura, la UCR se expresó a favor de los cambios impulsados por la gestión del intendente Gustavo Pulti y justificó su posición argumentando tener la intención de promover algunas modificaciones, las cuales, serían planteadas formalmente en la sesión de este jueves.

Uno de los proyectos establece ordenar la "adecuación, remoción o demolición" de las construcciones antirreglamentarias que incumplan con disposiciones básicas, tales como presentar excesos en su superficie y o su altura.

Además, se prevé la aplicación de penas económicas de manera bimestral, hasta tanto la infracción sea subsanada.

Si bien la demolición es una de las sanciones previstas dentro de la actual legislación, lo cierto es que habitualmente los jueces de faltas recurren a la aplicación de castigos menos gravosos, como obligar a los infractores a abonar multas económicas.

Entre los fundamentos que expuso el gobierno para poner en primer plano la alternativa de ordenar la adecuación o erradicación de las edificaciones ilegales, se mencionó el hecho de que muchas veces las multas económicas terminan teniendo un efecto "leve", que no llega a remediar los daños provocados por los infractores.

Este fenómeno se vino advirtiendo durante las últimas décadas en la construcción de edificios a los cuales les fueron agregados metros cuadrados de manera clandestina. Así, los inversores obtuvieron ganancias que raras veces resultaron equivalentes a las penas económicas impuestas por el municipio.

Plan de blanqueo

Junto a la modificación del régimen sancionatorio, el Ejecutivo presentó un segundo proyecto para permitir que algunas de las construcciones ilegales existentes en la actualidad sean regularizadas, previendo para ello distintos mecanismos.

En primer término, la iniciativa bloquea la posibilidad de que las edificaciones que presenten faltas graves accedan a este beneficio.

Luego de eso, en el texto se plantea ofrecer facilidades para el pago de multas y de tasas para que los titulares de todo tipo de propiedades declaren la existencia de edificaciones ilegales o clandestinas.

El Ejecutivo propuso que las presentaciones puedan ser realizadas durante un plazo de 30 días, que llegado el caso, podría ser prorrogado por 30 días más.

Luego de que estas iniciativas fueran elevadas al Concejo Deliberante distintas instituciones mantuvieron contactos con concejales y funcionarios para expresar su posición.

Más allá de que no hubo objeciones de magnitud, por el lado de los profesionales el Colegio de Arquitectos pidió que los matriculados tuvieran una clara intervención en los trámites de regularización y propuso extender el plazo del Plan.

La semana pasada, la presidenta de la comisión de Obras, Vilma Baragiola (UCR), le dijo a LA CAPITAL que en la sesión de este jueves su bloque pedirá que se tengan en cuenta algunos de los planteos de los profesionales y que se incorpore un nuevo artículo por el cual se concedan mayores facilidades para que puedan ser legalizadas obras en viviendas únicas unifamiliares y de baja valuación fiscal.