La iniciativa también contempla un incremento para la asignación especial que percibe el personal del poder Judicial -que ascenderá a 1.189 pesos- y hace lo propio con el valor de la asignación especial remunerativa y bonificable para magistrados y funcionarios.

Según establece el proyecto, los incrementos se afrontarán con la asistencia financiera que otorgue el poder Ejecutivo mediante decreto y faculte al TSJ a efectuar las reestructuras y modificaciones presupuestarias que considere necesarias.

Los fundamentos argumentan la necesidad de disponer de una recomposición salarial en la disminución del poder adquisitivo que “impacta las actuales remuneraciones, como consecuencia de la situación económica existente”. Concretamente, sin mencionar la inflación, se hace referencia a ella.