Con optimismo sobre el trámite que tendrá el plan de desendeudamiento en la Legislatura provincial, el ministro de Economía, Eduardo Aguilar, dijo ayer que espera que se apruebe la ratificación de ese acuerdo firmado con la Nación, que posibilitará entre otras cosas refinanciar la deuda provincial con una quita importante, una tasa de interés fija y un periodo de gracia de un año y medio.
Agregó que “la deuda significaba un ahogo para las provincias, sobre todo por la indexación que aplicaba CER”. Al modificarse las condiciones de refinanciación, las jurisdicciones ganarán a largo plazo.
En el caso del Chaco, a partir de la ratificación legislativa, el gobierno trabajará para converger “en lo que propuso el gobernador Jorge Capitanich, durante la presentación del Plan Quinquenal”.
Esquema de austeridad
El ministro dijo que el desendeudamiento encuadra “en una conducta fiscal muy austera que nos permita tener un fondo de estabilización, para que cuando se produzcan crisis no tengamos que incurrir en cronogramas salariales o en aumento de deuda flotante”.
El funcionario destacó que “hoy (por ayer a la noche) la Legislatura, sobre todo por la trascendencia del tema que claramente escapa a cualquier tiente partidario, aprobará este convenio, que es un alivio estructural. Están dadas las condiciones para que más allá de cualquier especulación podamos tener una aprobación por unanimidad de la Cámara de Diputados”.
En tanto, informó que también se trabaja para darle al presupuesto del año que viene más contenido real. Es decir, presentar un proyecto con la desagregación de metas y programas con las que venimos trabajando, en el que cada ministerio tiene el conjunto de metas prioritarias, se le asigna personal, presupuestos y plazo de concreción”.
Buscamos que “cuando se discuta el Presupuesto efectivamente debatamos el plan general de gobierno para los tres poderes del Estado, en el año siguiente. Si funcionamos bien tendríamos muy pocas posibilidades de movernos de ese marco general que da la norma”, afirmó.
Destacó que cuando se debate el proyecto en comisión será “el momento en el que los diputados podrán ejercer mas influencias sobre las políticas de gobierno”.
El funcionario ratificó que el 15 de septiembre el Poder Ejecutivo enviará el proyecto, el último de la actual gestión, a la Legislatura para que arranque la discusión de los números de la provincia.
La puja salarial
El ministro también habló de la puja salarial en el Estado, y explicó que en el caso de los judiciales “ya cobran una suma no remunerativa y no bonificable de 90 pesos y para establecer la regla general del 5 por ciento y $ 150, lo que hicimos es elevar a $ 240 la cifra que ya percibían, pero la oferta es la misma que para otros sectores: 5 por ciento más 150 pesos”.
Comentó que la intención del gobierno provincial es “no crear un nuevo código en recibo, lo que hemos hecho es incrementar una suba ya existente”.
También aclaró que “solicitaron un esfuerzo al Poder Judicial para que reasigne partidas, en segundo lugar instamos a Diputados para que avance con la ley de tasas en la que se prevé que una parte se pueda destinar a conceptos como refrigerio, y en caso de que fuera necesario, el Poder Ejecutivo completaría reforzando las partidas presupuestarias”.
Más concretamente determinó que “pretendemos que los recursos para cualquier otro monto superior a la oferta salarial del 5 por ciento y los 150 pesos, en principio, se financien con el propio presupuesto del Poder Judicial”.
“Hemos conversado con los diputados, sobre todo los oficialistas, y acordamos un texto para la presentación de una ley para los legislativos”, informó sobre la posibilidad de que otros sectores sean beneficiados con los incrementos salariales.
“Salvo el caso de pequeñas bonificaciones, que buscan corregir diferencias, estamos estableciendo una pauta única para el sector público para el segundo semestre”, determinó.



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