El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó ayer la compensación presupuestaria por $40.229.739 solicitada por el Ejecutivo municipal, aunque con modificaciones. El Fondo de Reconversión Económica no será dejado sin efecto, como se pretendía, sino “suspendido excepcionalmente”. Mientras, las obras del Presupuesto Participativo, cuya previsión económica también fue derivada a otros renglones, deberán estar incluidas en la elevación del presupuesto 2013.

Los votos de los 10 concejales presentes (faltaron Mario Soto y Sonia Pereyra) avalaron el proyecto presupuestario en la votación general, aunque las manos de los dos radicales no acompañaron los articulados y anexos que tenían vinculación con el fondo de reconversión económica, que creado por ordenanza en 2002, resume el espíritu de la ex Adeloc (Agencia de Desarrollo Local) y se alimenta con el 21% de las regalías para destinar esos montos a las inversiones en ejes estratégicos e infraestructura urbana y productiva.

La previsión para este año era que tal fondo se nutriera de alrededor de $30 millones, y se trata de un rubro que tenía excedentes del ejercicio anterior, de modo que resulta la mayor inyección de liquidez al presupuesto. La propuesta original del Ejecutivo implicaba directamente la derogación de la ordenanza que lo creaba, aunque los ediles incluyeron una modificación mediante la que sólo se autoriza a suspender los ingresos al mismo de modo “excepcional” hasta el 31 de diciembre de 2013.

Si bien el cuerpo legislativo en pleno coincidió en el objeto de la compensación, anclado a las necesidades implícitas en la reciente creación de la planta transitoria municipal, y hubo también aval en la propuesta de dejar sin efecto otros fondos de afectación específica como los del Sistema de Estacionamiento Medido, Hábitat Social o el destinado al transporte de residuos patogénicos, la Unión Cívica Radical se opuso a la quita de recursos destinados a la reconversión.

Las fundamentaciones de la negativa estuvieron a cargo de Pablo Martínez, basándose en varios artículos de la Carta Orgánica Municipal y los fundamentos mismos que se habían vertido para la creación del fondo en cuestión en 2002.

Basándose en la necesidad de promoción de la productividad, la generación de empleo, la reconversión de mano de obra y desarrollo científico y tecnológico, planteó que no es otro que el Estado quien debe ser promotor de ello, para no dejar a la ciudad atada a la monoproducción petrolera. También cuestionó que tal fondo será afectado a partidas generales destinadas a cubrir gastos de funcionamiento y de personal, ya que los renglones de obra pública se llevarán sólo el 28% de lo readecuado ayer.

Por el Modelo Chubut, Viviana Almirón destacó la modificación que determina que sólo se trate de una suspensión excepcional porque “no podíamos borrar con el codo lo escrito con la mano por tantas gestiones”.

Y dijo que se habló de la ausencia de proyectos para la ejecución de estos fondos “faltando a la verdad” porque hubo varios. Salvó, sin embargo, que la afectación excepcional implicará una inyección de fondos para obras de infraestructura que redunda en que quienes ejercen el comercio, la producción y la vida de la ciudad puedan llevar adelante su trabajo. Así consideró que trabar esa posibilidad era “ponernos un cepo a nosotros mismos de lo que podemos hacer con fondos que tenemos concretamente”.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN ESPERA

Otro artículo modificado por el cuerpo fue fijar que el Ejecutivo requerirá autorización del Concejo para futuras adecuaciones, mientras que tanto Viviana Navarro (FpV) como Alicia Dubreuil (PJ-MCh) anclaron al próximo presupuesto municipal la obligatoriedad de concretar los proyectos del Presupuesto Participativo cuyos fondos también fueron destinados ayer a otras prioridades

Dubreuil especificó que se trata de 96 proyectos, de los que este año se cristalizaran sólo 8. Así recordó que más de 20.000 vecinos votaron las obras seleccionadas y advirtió que su inclusión en el próximo presupuesto fue la condición impuesta al secretario municipal de Obras Públicas, Abel Boyero, para acompañar el anexo en cuestión. Desde la UCR, José Gaspar adhirió a lo expuesto.

En lo que a sanciones se refiere, el Concejo aprobó varios despachos de adjudicaciones de tierras, y la modificación del comodato otorgado a la Fundación Crecer, para eximirla del pago de impuestos en los lotes que usufructúa como playas de estacionamiento. Se sancionó además un proyecto de la UCR mediante el que se crea un registro de cerrajerías habilitadas. La propuesta va hilvanada a una más integral que vinculada con la seguridad también presentó sobre tablas el radicalismo, aunque fue derivada a comisiones.