La medida fue adoptada mediante decreto 599 del pasado lunes 19. El cumplimiento del reintegro de los montos adeudados representa una erogación del orden de los 3,9 millones de pesos.
En el decreto 599, firmado el lunes 19 del corriente, se indica el monto indicado queda sujeto a “los ajustes que resulten de la liquidación final que se apruebe por el total contemplado en la sentencia definitiva”, y además se establece que “las sumas referidas, no implican reconocimiento alguno a los fines de la base para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el expediente judicial, quedando dicha regulación a lo que oportunamente y en su caso se resuelva judicialmente, haciendo expresa reserva, este Ejecutivo Provincial, de interponer las defensas que considere procedentes, en el momento procesal oportuno”.
De acuerdo al anexo del mencionado decreto, 3,1 millones de pesos corresponden al pago de las remuneraciones adeudadas y otros 740 mil pesos a contribuciones al sistema de la seguridad social.
En noviembre de 2010, luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara el fallo de primera instancia que condenó al Gobierno en el marco de la causa iniciada en 2004 por la Asociación de Trabajadores del Estado, el Poder Ejecutivo anunció su decisión políticas de “no presentar recurso extraordinario de casación”, dar por agotada la instancia judicial y reintegrar los montos adeudados a los empleados públicos provinciales en concepto del suplemento “Recuperación del Poder Adquisitivo Salarial” (REPAS).
Para concretar esta obligación se dispuso el pago de la deuda por etapas, de acuerdo al cronograma que fuera diseñado desde la cartera económica y que inicialmente contemplaba que la cancelación del capital adeudado al personal del escalafón seguridad comenzaría a hacerse efectivo a partir de enero de este año para aquellos agentes con una acreencia inferior a los 8100 pesos, y entre febrero y abril para aquellos que superaran ese monto.
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