El Senado de la provincia dio su media sanción a la emergencia en los servicios públicos que solicitó la Gobernadora Lucía Corpacci en el discurso de asunción. No obstante, el proyecto no se aprobó tal cual fue remitido desde Casa de Gobierno. Para obtener su rápida media sanción debió pasar por el filtro del bloque del Frente Cívico y Social que aún ostenta una amplia mayoría en la Cámara alta y que modificó la iniciativa oficial prácticamente en su totalidad.

El encargado de defender las modificaciones fue el senador por Ancasti, Ricardo Boggio (FCyS), quien destacó el trabajo con el ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, aunque aclaró que en realidad “la crisis energética no es sólo en Catamarca, sino del país”

“Pareciera que no se ha hecho nada y que hay que refundar la provincia”, ironizó el senador radical y cuestionó los dichos de la primera mandataria antes de asumir respecto a que el FCyS dejó “una provincia devastada”.

“Hay una emergencia, nos pongamos a trabajar pero nos dejemos de chiquilinadas”, arremetió Boggio.

Por su parte, el presidente de la bancada del PJ-FPV Daniel Saadi defendió el proyecto oficial al señalar que “estos problemas fueron ocasionados por una empresa que no invirtió en Catamarca, que vino a devastar a los catamarqueños y que hace unas semanas ha sido rescindido su contrato”.

“Ojalá que podamos terminar con todos estos problemas y para eso es que la Gobernadora envía este proyecto, para tener las armas necesarias para darle una mejor calidad de vida a los catamarqueños”, agregó.

Pero el momento de mayor debate fue en el tratamiento del artículo 4, que establece el procedimiento de las contrataciones. El FCyS había puesto como tope para las contracciones energéticas 12 millones de pesos, pero en le recinto a través de Boggio lo redujo a 10. Asimismo el despacho frentista planteaba que todos las contrataciones debían ser mediante decreto acuerdo de todos los ministros. Ese punto fue rechazado por el bloque kirchnerista, al resaltar que al estar aprobándose una emergencia en los servicios se necesitaba celeridad para poder tomar decisiones y ponerlas en práctica. Así lo planteó el representante del departamento Capital, Ramón Figueroa Castellanos (PJ-FPV) quien argumentó: “estamos en una situación de caos en el servicios que hay que resolver con rapidez”.

Los planteos por parte del bloque frentista no se hicieron esperar y llegaron con las alocuciones del representante de Paclín, Jorge Agüero, quien indicó que no tendría que haber problemas en ese punto puesto que la Gobernadora puede convocar a sus ministros cuando ella lo disponga y que la distancia entre su oficina y los despachos de los jefes de las diferentes carteras están separados por metros. El representante de Antofagasta de la Sierra, Luis Rodríguez, mostró su preocupación ante la negativa del kirchnerismo de no aceptar este punto puesto que “son los políticos los que deben dar la cara ante la sociedad por las decisiones que puedan tomar los técnicos en temas como este”.

De igual forma, en medio de este debate el que dio la sorpresa fue el senador por La Paz, Víctor Luna, quien planteó su acompañamiento al bloque del PJ-FPV, alegado el apuro en poder dar solución al problema. A su planteo se sumaron los radicales Ricardo Boggio, Bernardo Quintar y Miguel Arévalo.

Los cambios que se introdujeron

El proyecto de ley de Emergencia de los Servicios Públicos obtuvo media sanción luego de que los senadores analizaran artículo por artículo y sobre los mismos realizaran modificaciones, introduciendo nuevos conceptos o cambiando el orden de los artículos.

La iniciativa emanada del Ejecutivo Provincial declara en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos: energía eléctrica (generación, generación aislada, subtransmisión, distribución); agua potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y distribución); desagües cloacales; gas natural. Asimismo, declara en estado de emergencia la ejecución de los contratos de concesión y cualquier otro tipo de contrato vigente, relativos a los servicios públicos. Se excluyen los ítems de comunicaciones y de transporte público de pasajeros.

El artículo 7° del proyecto original pasa como artículo 2° referido a la protección del empleo y situación laboral. Se agrega que el “principio de protección del trabajador se aplica únicamente para aquellos empleados que no pertenecen a la planta de la administración pública”.

Por otra parte, al declarar en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos en todo el ámbito de la provincia, se le autoriza al Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Servicios Públicos, a “contratar con un límite de hasta 10 millones de pesos, por obras por el sistema de contratación directa, para con quien o quienes estime oportuno, la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, proyectos y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia”. Sobre este punto en el proyecto original se facultaba al Ejecutivo provincial a contratar “sin limitación alguna de presupuesto”.

Además, el proyecto modificado plantea la creación de una comisión bicameral de seguimiento e investigación de “todos los actos administrativos que se ejecuten bajo el imperio de la ley”. La comisión estará integrada por dos diputados y dos senadores “en ambos casos uno por la mayoría y otro por la minoría, la cual deberá integrarse una vez que se promulgue la ley. El Ministro de Servicios Públicos presentará un informe trimestral de todos los actos ejecutados explicando la finalidad de cada uno de ellos y el resultado obtenido en el marco de la emergencia”.

Se elimina del proyecto inicial el tema de las intervenciones a todos los entes, empresas y sociedades y por ende las funciones y atribuciones del interventor.