El Ministro de Justicia, Ricardo Casal, había declarado horas antes: “un centro de monitoreo controlado por funcionarios públicos municipales y policiales son instrumentos públicos porque emanan de autoridad pública”.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una serie de leyes que apuntan a mejoras en las áreas de seguridad y justicia, entre ellas una reforma al Código Procesal Penal que establece como medios de prueba en los procesos judiciales a las llamadas al 911 y las filmaciones de cámaras de seguridad. En ambos casos, el rol de los fiscales es fundamental para la obtención, copia y conservación de los elementos hasta la etapa del proceso oral donde también está contemplada la reproducción si el Tribunal actuante lo considerase necesario.

La medida obtuvo fuerza de ley –ya había sido tratada en el Senado en agosto- cuando en Olavarría continúa la instalación de las cámaras de vigilancia en la vía pública y, en la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó la regulación del sistema.

Por su lado, el Ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal resaltó en declaraciones a Radio Provincial que con esa iniciativa “quedan como prueba irrefutable las grabaciones del 911 y de las cámaras de monitoreo”, a partir de su incorporación al Código Procesal.

El ministro sostuvo que “los instrumentos públicos dan plena fe por sí mismo y eso estaba escrito cuando no había tecnología de video”. Enfatizó que “un centro de monitoreo controlado por funcionarios públicos municipales y policiales son instrumentos públicos porque emanan de autoridad pública”, pero que “como estaba la discusión decidimos que quede impreso en el Código para que no haya discusiones sobre el tema”, en referencia a magistrados que, en distintas instancias y procesos, desestimaron las filmaciones por no considerarlas pruebas.

La nueva normativa alcanza también a las filmaciones de sistemas privados de cámaras, en cuyo caso debe acreditarse subsidiariamente su autenticidad para ser contempladas como medios de prueba.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, declaró al finalizar la sesión este jueves: “La seguridad sigue siendo la principal preocupación de la población y esta Cámara no puede mirar para otro lado. Con este paquete dotamos al Gobierno provincial de instrumentos que considera necesarios para desarrollar sus políticas, siempre con la defensa de la vida como prioridad, sin mezquindades y escuchando a todos los sectores políticos. Estoy muy conforme con el consenso logrado, ya que todas las bancadas han mostrado un alto grado de responsabilidad y compromiso con un tema que nos preocupa a todos”.

La modificación al Código Procesal

El proyecto que el gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura determinó una incorporación desde este jueves “al Capítulo X –Filmaciones y Grabaciones- del Título VIII del Libro I, y el artículo 265 bis de la Ley nº 11.922 y sus modificatorias”.

Establece que los fiscales podrán requerir a organismos públicos las filmaciones obtenidas mediante sistema de monitoreo, y las grabaciones de llamadas a los teléfonos del sistema de emergencias. La totalidad del material obtenido será entregado al fiscal en su soporte original, o de no ser posible, en copia equivalente en soporte magnético y/o digital. El fiscal conservará el material asegurando su inalterabilidad, y lo pondrá a disposición de las partes, debiendo facilitar las copias.

Las reglas precedentes serán aplicables a las filmaciones obtenidas por particulares mediante sistema de monitoreo en lugares públicos o de acceso público, siempre que pueda acreditarse la autenticidad de la misma.

Cabe agregar que los considerandos del proyecto toman en cuenta que en más de 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires se han instalado centros operativos de monitoreo y se prevé su extensión a todos los distritos del territorio bonaerense en el corto plazo. Para las autoridades provinciales se busca “contribuir a mejorar la seguridad ciudadana mediante la prevención”, y con estos sistemas “se ha permitido profundizar la identificación y detención de autores y partícipes de hechos delictivos en pluralidad de casos”.

Asimismo, se indica que “el Sistema de Atención Telefónica de Emergencias –en continuo avance territorial–, permite la grabación de los llamados telefónicos, efectuados por lo general momentos después de cometidos los hechos ilícitos, obteniéndose datos relevantes tanto para impedir su consumación como para motorizar su persecución, constituyéndose además en una herramienta valiosa para promover investigaciones a través de denuncias de identidad reservada”.

La normativa aprobada este jueves regula la utilización de las filmaciones y grabaciones en la Investigación Penal Preparatoria y en la etapa de juicio. En tal sentido, se prevé su reproducción en la audiencia de debate, circunstancia que permitirá una directa percepción por el Tribunal de juicio y una efectiva posibilidad de control y contradicción por las partes. Además se exige que en todo momento el Fiscal deba conservar el material obtenido, a fin de asegurar su inalterabilidad, fortaleciendo de ese modo el respeto de las garantías del imputado y de las víctimas.

Respecto de las filmaciones obtenidas por particulares, aún cuando “prima facie” puedan no gozar de la natural confiabilidad que merecen las filmaciones y grabaciones a través del sistema público, lo cierto es que acreditada debidamente su autenticidad, pueden servir de forma análoga como prueba de hechos ilícitos en la medida en que deriven del monitoreo en lugares públicos o de acceso público y no afecten garantías constitucionales.

Otras medidas de seguridad aprobadas en Diputados

Se dispuso que los jueces civiles y penales deberán publicar sus fallos por la página web de la Suprema Corte de Justicia.

Se creó la subsecretaría de seguridad bancaria. También resolvió que las entidades que cumplan operaciones comerciales y financieras deberán contar con puertas giratorias detectoras de metales en sus accesos y egresos.

Entre las iniciativas de la oposición, avaladas por el oficialismo, estuvieron el proyecto que determina que todas las instituciones bancarias deben adecuar sus cajas, para aislarlas de la zona de atención al público, con elementos que impidan que se vean por el resto de los presentes.