En medio de un fuerte operativo policial, que cercó dos cuadras a la redonda del recinto de sesiones del Concejo Deliberante de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, los ediles aprobaron el incremento en el precio del boleto urbano de pasajeros, elevando su costo de $ 1,70 a $ 2,00.

La sesión comenzó con la presencia de la totalidad de los integrantes del cuerpo deliberativo a las 8:45, en medio de protestas de sectores políticos y sociales que no pudieron acceder al recinto ante la presencia de más de 200 efectivos policiales que cortaron la circulación vehicular y peatonal a 100 metros a la redonda del edificio donde se concretaba la reunión.

El tema más controvertido, el aumento del boleto, figuraba en el orden 16 del temario previsto para el tratamiento de los concejales, pero como ocurre siempre, se modificó y se lo pasó a discutir en primer término, entendiendo algunos que serviría para descomprimir la presión social, para luego continuar con el desarrollo de la reunión "más tranquilamente".

Una vez dispuesto el tratamiento de la suba del boleto, se produjo una situación "rara", donde la presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, la oficialista Teresa Felipe de Heredia, encargada de justificar el incremento, le reclamó a la presidencia del cuerpo el no tratamiento de un proyecto de su autoría, que fuera vuelto a comisión en encuentros anteriores, para la normalización de unos terrenos en la Capital que beneficiaba a familias de escasos recursos.

La discusión fue subiendo de tono, al punto tal que la edil decidió dejar su banca y encerrarse en su despacho, evitando participar de la sesión. Una vez en su oficina, a través de un empleado hizo ingresar por la Mesa de Entradas del Concejo una nota donde renunciaba "en forma indeclinable" a la presidencia de la Comisión de Tránsito y Transporte. Allegados a Felipe de Heredia indicaban que no volvería al recinto porque sufrió una descompensación de la que tuvo que hacerse asistir por un profesional médico.

De nada valieron las exposiciones de los tres concejales de la oposición (Claudio Viña, José Costanzo y José Avignone), pues el oficialismo hizo prevalecer su mayoría y aprobó el incremento por 14 votos a 3.

Como era de suponer, tampoco valió de nada la protesta de las organizaciones sociales y políticas, que con la sanción de la Ordenanza que incrementa el valor del boleto urbano, comenzaron a desconcentrarse, con la determinación de algunos sectores de marchar hacia la sede de la intendencia para solicitarle al jefe del Departamento Ejecutivo que no promulgue la disposición.

Cabe recordar que el intendente Domingo Amaya se había manifestado en contra del aumento, se pudo conocer que el costo político de autorizar el cobro de un boleto más caro, tampoco lo tendrá como protagonista, como sucede habitualmente toda vez que se autoriza una medida de estas, no se encuentra al frente de la intendencia. Esta vez tampoco será la excepción, por lo que la promulgación estará a cargo de quién ocupe la presidencia del Concejo Deliberante en los próximos días.

Sancionaron el Presupuesto 2010

Decíamos que fue una sesión "rara", pues condimentos no faltaron como tampoco denuncias.

Cuando se tenía que tratar el Presupuesto General de Gastos y Recursos vigentes para el año 2010, el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficialista José Franco denunció "aprietes" por la incorporación de un artículo, el 7º, en el proyecto, en donde se autorizaba un aumento del sueldo del Intendente de San Miguel de Tucumán, y por consiguiente, de todos los concejales y funcionarios comunales.

Ante un posible escándalo, el concejal Franco "presionó" para que se suprima ese artículo, lo que así sucedió.

También se aprobó, sin mayores inconvenientes, una modificación al Código de Planeamiento Urbano para que se pueda instalar un supermercado en la zona de Av. Mate de Luna.

Sorpresa y media

Las viejas diferencias entre sectores internos dentro del Concejo Deliberante capitalino volvieron a asomar cuando se trató el proyecto (que finalmente se aprobó por 10 votos a 7) por el que se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar contrataciones directas de hasta 180 mil pesos para concretar obras de pavimentación.

En una provincia donde se ha dado mucha prioridad a la obra pública, y curiosamente los ediles que responden a Rolando "Tano" Alfaro, titular de Infraestructura Comunitaria, sector de la provincia que se encarga de la concreción de obras, votaron en contra de la iniciativa como también lo hizo el edil que responde al actual diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse.

Así, Luis Marcucci, Sara Noemí Correa de Alfaro y Esteban Dumit, se sumaron a los tres opositores, Viña, Costanzo y Avignone para votar en contra de la Ordenanza