A poco más de un mes del límite que la Constitución Provincial pone en el 30 de octubre para la presentación del presupuesto, el Poder Judicial anticipó que buscará incrementar el porcentaje que recibe de la coparticipación federal de impuestos. Pretende resolver un problema de fondo que obligó, en los últimos dos años, a pedir el auxilio del Poder Ejecutivo. En la Legislatura -el escenario en el que se dará el debate- los diputados no están convencidos del cambio y en la previa, incluso lo cuestionan.

El Tribunal Superior de Justicia comenzó hace tres años a pedir que se aumente el 18% que recibe del total que ingresa a la provincia –y que se reparte con los otros poderes y los municipios- por la coparticipación federal. Ese dinero representa el grueso de sus recursos corrientes y este año representó 463 millones de pesos. La administradora del TSJ, Sandra Valle, dijo hace pocos días que “el 18% no alcanza para pagar necesidades del funcionamiento del Poder Judicial” y anticipó que los vocales van a pedir cambios “de fondo” al esquema de distribución.

El reclamo tiene dos caminos posibles: la vía formal, con un presupuesto previsto a partir de un mayor porcentaje, o la informal, con negociaciones directas con el Ejecutivo antes de la discusión pública del presupuesto en la Legislatura. Por esta vía, en los últimos años, se acordaron partidas especiales para la Justicia, principalmente para pagar sueldos y aguinaldos, pero no se tocó el porcentaje de la coparticipación.

Mejorar la administración

El pedido del TSJ no tendría ninguna posibilidad. El grueso del oficialismo no lo contempla, pero tampoco la mayoría de los bloques de la oposición. Sí están abiertos a discutir los mayores gastos que implicará la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal a partir de 2014.

“Darle más puntos a la Justicia implica modificar la distribución de la coparticipación que ingresa a la provincia. Hemos autorizado cada pedido que hicieron por los acuerdos salariales, pero siempre les aclaramos que no implica subir puntos de la coparticipación. Así que no lo estamos discutiendo ni creo que lo vayamos a discutir”, afirmó desde el bloque del MPN la diputada Silvia de Otaño, respecto de lo que fue en los últimos años el debate por los porcentajes en la Legislatura y el principal cuestionamiento a los vocales del TSJ: los aumentos salariales, siempre por encima de otros acuerdos dentro del Estado provincial.

Desde el Frente Grande, Raúl Podestá describió otra arista del debate: los fondos de la coparticipación también llegan a los municipios, al Ejecutivo y a la Legislatura, con lo que cualquier cambio afectaría la relación. “Lo veo muy complicado. La verdad es que sin ninguna duda, tanto los municipios como el TSJ están viendo si pueden obtener más coparticipación para balancear su déficit, pero lo considero inviable”, sentenció el zapalino, para quien “pensar en una distribución distinta implicaría que alguna de las tres partes cediera en beneficio de las otras. Las nuevas estructuras, para Podestá, deberían cubrirse con la planta de personal actual.

Para el justicialista Pablo Todero, cambiar los porcentajes tampoco es una opción. “La Justicia, cuando ha tenido fondos, los debería haber destinado al edificio, pero fueron a sueldos. Ahora que bajó un poquito la coparticipación, que no es mucho, no se justifica el cambio”, opinó.

Desde el bloque radical, Eduardo Benítez objetó el manejo de fondos de parte de la Justicia. “Es un porcentaje importante (el 18% actual) que tendrían que administrar de manera distinta. Se les ha hecho una costumbre esto de pedir auxilios a otro poder”, dijo en referencia a los fondos actuales, que considera suficientes. “Deberían aumentarse puntos a los municipios”, consideró.

Ahogo y municipios

Jesús Escobar también cuestionó los aportes extra del tesoro provincial a la Justicia. El diputado de Libres del Sur apuntó a que, para evitarlos y garantizar así la autarquía financiera, se debería considerar un cambio en el porcentaje. “Si no, las leyes que aprueba la Legislatura no tienen sustento presupuestario, como las 2.785 y 2.786 (de violencia de género y doméstica). “En este momento hay una fuerte concentración de recursos del Ejecutivo provincial, lo que va en detrimento de otros poderes y de los municipios”, agregó Escobar, quien apunta a una reforma integral del esquema de distribución.

En la misma línea, Raúl Dobrusín reclamó discutir el tema. “Es parte del debate que no quiere dar el gobierno y la Legislatura: la nueva ley de coparticipación, donde entra, con los municipios, la Justicia. Porque si a alguien se le incrementa, a alguien tienen que disminuir”, consideró el diputado de UNE.

Apoyado en los cambios técnicos que exigirán las últimas reformas judiciales, el diputado Gabriel Romero (Nuevo Neuquén) señaló que los porcentajes actuales y un aumento de la recaudación acrecentarían los ingresos en 2013. “Habrá que hacer un análisis más exhaustivo. Confiamos que en 2013 se pueda solventar”, cerró.