Dispar repercusión tuvo en los principales bloques de la oposición el proyecto de derogación de la ley de Equiparación Salarial, que ayer ingresó a la Legislatura el gobernador Juan Schiaretti.

Con este proyecto, el gobierno procura desenganchar a los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los magistrados nacionales, ya que una norma liga a los salarios de éstos los de los jueces de Córdoba, y otra, a su vez, a los de los tres poderes provinciales. Ahora, es probable que los legisladores busquen fijarse un aumento más modesto que el 45% inicialmente pretendido y luego se enganchen a las subas que logren los empleados públicos.

El presidente del bloque del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, dijo ayer a LA MAÑANA que “la ley de equiparación era adecuada porque equilibraba los tres poderes hace cinco años, pero los demagogos Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota nunca la aplicaron y quedó rezagado el Poder Legislativo”.

“Era lógico el sistema -insistió-

pero hoy resulta insostenible que un legislador alcance el sueldo de un juez”.

El socialista Birri consideró que esa equiparación es ahora inaceptable para la gente, que en los últimos días rechazó el aumento de alrededor del 45 por ciento que los legisladores quisieron otorgarse.

“Las leyes se aplican o se derogan, y ahora debe buscarse un sistema que genere menos crispación social, y el mejor sistema es equiparar los aumentos para los legisladores con los aumentos para los empleados públicos”, agregó. También, sostuvo que debe evaluarse “cómo logramos una recomposición”.

Por su parte, el radical Miguel Nicolás volvió a pedir que “se aplique la ley de equiparación salarial”.

Recordó que el artículo 76 de la Constitución Provincial determina que “las remuneraciones de los agentes públicos de los Poderes del Estado no superan la del titular del Poder Ejecutivo”, lo cual hoy no sucede porque hay muchos funcionarios con sueldos más altos que el del gobernador.

“El poder político, el gobernador Juan Schiaretti no se anima a gobernar, porque gobernar es hacer que rijan las leyes vigentes, pero dejan que se aumenten en la Justicia, en el Tribunal de Cuentas, en el Directorio del Banco de Córdoba, el presidente de Epec y muchos otros”, detalló. “Están pagando sueldos que exceden lo que gana el gobernador”, remarcó.

El proyecto oficial

El proyecto de Schiaretti tiene tres puntos destacados:

• Deroga la Ley de Equiparación Salarial;

• Faculta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para fijar las remuneraciones de quienes se desempeñan dentro de sus respectivas áreas de competencia, como así también para determinar las equivalencias de los niveles y cargos existentes con anterioridad, con niveles o cargos vigentes en la actualidad o a crearse en el marco de la presente ley;

• Mantiene la vigencia de las actuales escalas salariales para las autoridades superiores y funcionarios hasta la fijación de las nuevas por el Poder Ejecutivo o Legislativo, según corresponda.

Desenganche

En los fundamentos, el gobernador advierte que “con la sanción de la Ley 9725, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba se encuentra en un proceso de asimilación salarial con la Justicia Federal, y en ésta, las remuneraciones están enganchadas a las del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El gobierno de la Provincia de Córdoba ha merituado como necesario deslindar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho encadenamiento, toda vez que se considera que los integrantes de los poderes provinciales aludidos precedentemente, no deberían percibir las mismas remuneraciones que los miembros del máximo Tribunal de la Nación”, continuó.

Además, afirmó que “la derogación de las normas que se propicia en este proyecto, importa que cada Poder asuma la potestad autónoma de fijar las remuneraciones de sus dependientes, tal y como ocurre en la Nación y otras provincias argentinas”.