Los partidos de la oposición apoyaron la firma del decreto por parte del gobernador Celso Jaque, que devuelve al Estado el manejo de Obras Sanitarias Mendoza, a partir del 28 de setiembre. Sin embargo, hicieron varios cuestionamientos, que, tanto el presidente de la UCR, César Biffi, como Juan Carlos Jaliff, representante del Confe, Carlos Aguinaga y Andrés Grau, por el PD, prefirieron llamar “aportes” y no críticas a la propuesta oficial para reestatizar OSM. MAYORÍA ESTATAL. Tanto Biffi, como Jaliff y Aguinaga, manifestaron que participarán el lunes de la reunión anunciada ayer por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Los tres partidos propondrán el que para ellos será el mejor modelo para reestatizar la actual OSM. Entre otras cosas, se discutirá acerca de la conformación accionaria. Lo que quiere el Frente Cívico –aunque todavía la propuesta no está cerrada– es que no se componga una sociedad anónima comercial común, con 90 por ciento de las acciones para el Estado y el 10 por ciento restante para los empleados, por el Programa de Propiedad Participada (PPP). La idea, explicada por Jaliff y que se discutirá con los demás partidos del Frente Cívico Federal, es que Agua y Saneamiento Mendoza sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esta figura prevé que el Estado posea, indefectiblemente, 51 por ciento de las acciones, mientras que el resto puedan pertenecer a un privado. En cambio, el modelo de sociedad anónima que propone el Ejecutivo puede dar lugar, según Jaliff, a “una nueva aventura privatizadora”. Es decir que, si se conforma una sociedad anónima comercial, el Estado puede decidir vender estas acciones, no sin haber saneado la empresa y puesto a punto las obras de infraestructura, algo que los anteriores concesionarios no hicieron. En este punto, el radicalismo estaría de acuerdo. Lo que los demócratas no quieren, según explicaron Aguinaga y el presidente del PD, Andrés Grau, es que el Gobierno se encargue de la operación técnica, sino que proponen que este aspecto quede en manos de un especialista. Sin embargo, las decisiones políticas sí deberían estar tomadas por los representantes del Ejecutivo.

NO A LOS DIRECTORES DE LA OPOSICIÓN. En cuanto al nombramiento de dos opositores entre los siete directores de la nueva empresa, los representantes de la oposición no estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Dijeron que si el modelo de la nueva empresa apunta a la eficiencia, con un fuerte componente profesional, no será necesario nombrar directores políticos.