Los bolsillos de los jubilados y de las personas de bajos recursos tendrán un alivio y pagarán menos cuando hablen por teléfono a través de una línea fija. El fallo de una cámara federal ordena a las empresas que brindan este servicio en la Argentina a establecer una tarifa diferencial para estos grupos. Los descuentos que se aplicarán rondan un 50 por ciento tanto en el abono básico como en el costo de las llamadas urbanas e interurbanas. La decisión judicial, que fue aplicada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires, llega después de un extenso y trabajoso proceso legal.

En 1997 la Secretaria de Comunicación de la Nación sancionó el decreto 92, en el que determinaba un precio bonificado en el uso de la línea telefónica para pensionados y familias con escasas posibilidades económicas. Pero en el año 2001, durante la severa crisis económica que azotó el país, las empresas modificaron los requisitos existentes en la legislación original para acceder al descuento.

Además, las empresas fijaron unilateralmente un plazo máximo para conformar el padrón de beneficiarios (que cerraron por su cuenta el 31 de marzo de ese año).

Esta acción propició una demanda de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADEUCA), aceptada en primera instancia y ahora confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.