Si bien a mediados de julio fue presentado por el Ministerio de Salud bonaerense un nuevo protocolo para abordar los abortos no punibles en los hospitales públicos, entidades de defensa a la mujer denuncian que todavía no está siendo aplicado en todos los centros de salud. El protocolo obliga a los servicios a tener un médico "sin objeción de conciencia" que realice la práctica ante casos de embarazos por violación.

En medio del conflicto que se desató en la Ciudad de Buenos Aires por las suspensión del primer aborto no punible, la coordinadora de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género, Claudia Carpintero, advirtió en diálogo con Info Región que la aplicación efectiva de estas reglas “es muy dispar porque depende de la ética de cada médico y del director de cada hospital”.

“Hubo hospitales donde los mismos directivos dijeron ‘esto acá no se aplica’, entonces por más que el protocolo esté a punto, la aplicación es variable”, lamentó.

Carpintero consideró que “en líneas generales, en la provincia, después de algunos casos paradigmáticos, los protocolos de aborto no punibles están en marcha y son de aplicación”. “La legislación está con su protocolo, pero el punto es que los médicos realmente los asistan”, reiteró.

Por su parte, Vicente Ierace, titular de la Región Sanitaria VI -que comprende los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes- sostuvo ante este medio que “el nuevo protocolo está funcionando”.

“Habitualmente se resuelven en los hospitales y no nos mandan información, pero está en vigencia y todos los jefes de servicio han previsto el tema de la objeción de conciencia para que alguien sí o sí lo haga (la intervención) porque el servicio no puede rechazarlos”, explicó.

Y aseguró: “Hasta ahora no hemos registrado ningún planteo judicial ni ningún problema, por lo cual todo está funcionando normalmente. Estamos trabajando mucho en la capacitación de la gente”.

No obstante, desde el hospital Luisa C. de Gandulfo admitieron que “el nuevo protocolo todavía no está del todo implementado” en el centro de salud, aunque expresaron que “desde el sector de obstetricia están yendo a reuniones y capacitaciones que hace el Ministerio de Salud” destinadas a “empezar a armar los listados de los objetores de conciencia”.

“No está implementado pero tampoco llegó ningún caso. Si se presentara alguno se resolvería de alguna manera”, indicaron las fuentes.

“En las situaciones de género en la provincia de Buenos Aires las mujeres no tenemos un problema de leyes escritas, sino de aplicación de la Justicia y de conciencia, y subjetivo a nivel de médicos, jueces y funcionarios a cargo de hacer cumplir estas leyes”, objetó Carpintero.

“El año pasado, cuando se crearon las estadísticas del programa de género provincial, solamente dos regiones sanitarias enviaron la información sobre abortos. Esto da cuenta del escaso compromiso en materia de salud por parte de los médicos, en la trinchera, y no en la superestructura”, agregó.

No obstante, manifestó “que se va avanzando en la temática en relación proporcional a la organización que tenemos las mujeres”.

“Somos reproductoras de cultura, cuesta muchísimo desnaturalizar las prácticas machistas con las que fuimos educadas”, añadió.

En Ciudad, un amparo judicial suspendió el primer aborto

El primer aborto no punible que se iba a realizar el martes en el hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires a una mujer de 32 años, víctima rescatada de la trata, fue suspendido en ese centro sanitario “o en cualquier otro”, tras un amparo de la jueza nacional Myriam Rustan de Estrada presentado por el grupo Asociación Pro Familia.

“No es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra”, sostuvo la jueza.

Así, más allá del protocolo existente, las cuestiones éticas aún siguen siendo un freno para la realización de estas prácticas en caso de abusos.