Esto significa que posiblemente los reclamos de aumentos salariales resurjan en la segunda mitad del año, tarde o temprano, pese a la lealtad del jefe de la CGT hacia el Gobierno.

Los economistas, que tradicionalmente apoyan esta clase de decisiones, indicaron que se trata de un alivio transitorio en una economía que está en un proceso inflacionario estructural.

Por lo tanto, aclararon que, aunque se trata de una medida razonable, no moverá demasiado el termómetro de una economía que ya está sobrecalentada por el consumo y que exhibe debilidades tanto en el superávit fiscal como en el externo.

De hecho, durante los primeros meses del año, Ricardo Echegaray, de la AFIP, y el ministro de Economía, Amado Boudou, habían resistido en silencio la pérdida fiscal de los 3100 millones de pesos que implicará este cambio tributario, según admitieron ayer los funcionarios.

No parece una cifra importante si se calcula que la AFIP puede llegar a recaudar más de 350.000 millones de pesos este año, pero ambos funcionarios estaban más que satisfechos con la recaudación de 191.681 millones de pesos del primer semestre y no querían perder oxígeno de acá a fines de año. Sobre todo, si se toma en cuenta que, sin el giro de utilidades del Banco Central y sin los recursos de la Anses, el Estado volverá a exhibir déficit fiscal primario este año.

Tampoco debería estar tranquilo Boudou por la tendencia del superávit comercial y por eso le advirtió a la dirigencia industrial que no deben importar más de lo que exportan (de lo que se informa en la página 4).

Y los tributaristas, que también suelen respaldar esta mejora en el impuesto a las Ganancias, advirtieron que el Gobierno cometerá un gravísimo error legal si aplica el cambio desde este mes y no desde enero, como correspondería según las normas.

El impuesto a las ganancias, afirmaban ayer a coro los especialistas en el sector público y privado, es de ejercicio anual, no mensual. Por lo tanto, aunque las medidas que se publiquen en los próximos días indiquen que la suba rige sólo "a partir de la publicación" del cambio en el Boletín Oficial, en los hechos, el fisco debe reconocer la suma excedente pagada por los contribuyentes desde enero.

De lo contrario, daría origen a reclamos legales difíciles de responder.

Por último, no es menor la cuestión de la equidad tributaria: ¿es justo que toda la población, sobre todo los sectores más pobres, siga pagando un IVA del 21 por ciento y el impuesto a las ganancias, progresivo por definición, se reduzca?.

La negativa del Gobierno a debatir una reforma tributaria provoca que la política de ingresos se defina de esta manera: a las apuradas, entre un par de funcionarios y sindicalistas encerrados en el despacho presidencial, mientras la sociedad sufre una presión impositiva cada vez mayor, a cambio de servicios cada vez peores.