“Planteamos la necesidad de que se realice una jornada a nivel provincial con todos los docentes para que se conozca el proyecto. Cuando nos comunicaron sobre el proyecto de la legislatura de una ley provincial realizamos nuestro aporte. Sin embargo nos enteramos que en las próximas semanas se estaría aprobando y ni siquiera nos informaron”, comentó la secretaria general de APEM, Isabel Ruíz.

A su vez indicó que “el viernes le planteamos esta situación a la ministra y nos entregó otro proyecto sobre el cual estamos trabajando. O sea que hoy hay dos proyectos, uno de la Legislatura otro del Ejecutivo. En este marco el jueves realizaremos con los delegados una jornada de trabajo para leer estas propuestas pero creemos que siempre que se resuelva algo que tenga que ver con la educación la docencia debe conocerlo antes”.

Este planteo de que los educadores conozcan el proyecto tiene que ver con lo ocurrido con la sanción de la Ley Nacional de Educación que se debatió durante largos meses hasta que se aprobó y luego promulgó. “¿Si a nivel nacional pudimos hacer los aportes por qué no a nivel provincial?, se preguntó”.

Ley Nacional

Esta ley entiende que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. En lo discursivo, considera a la educación como un “bien público”, un derecho personal y social y no como un “servicio” a ser proporcionado por el estado o por las entidades educativas privadas como estipulaba la ley Federal.

El nuevo texto establece la obligatoriedad de la escuela secundaria, prohíbe a personas implicadas con el genocidio ejercer cargos docentes, entre otras. Además, permite que los pueblos indígenas, si bien deben acoplarse en un sentido general a los contenidos, discutan y armen su propia currícula de contenidos en consonancia con su historia, creencias, cultura, idioma y constumbres. En materia de formación docente, el texto dispone la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que tiene como principal objetivo “planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación docente inicial y continua”.

La legislación estipula el envío de fondos a las provincias en el caso de que los conflictos con docentes no permitan el normal dictado de clases.

En la misma línea, fue promulgada la Ley de Financiamiento Educativo, que prevé una inversión del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional en materia de educación.