El presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Eduardo Aguilar, confirmó que cuando culmine la feria judicial apelará la medida cautelar que frenó la ley de expropiación del terreno de la extextil Abraham para la construcción del nuevo Edificio Legislativo. Reiteró que la disposición del juez de Garantías Nº2, Carlos Alvarenga, “no tiene ningún tipo de sustento” y que construir en el predio de la avenida Sarmiento demandaría un monto tres veces superior al actual y un plazo que superaría los siete años. Por otro lado, advirtió que hay muchos intereses para desarrollar negocios inmobiliarios en el predio de la extextil Abraham e impedir que allí se construya la nueva sede del poder Legislativo.

“La medida no tiene ningún tipo de sustento”, aseguró Aguilar, en referencia a la cautelar del juez Alvarenza que hizo lugar a un planteo de Alberto Cornier, uno de los acreedores en el marco del concurso de quiebra de la ex empresa textil. Al respecto, el legislador advirtió que “lo que la medida hace es cuestionar la utilidad pública”.

“Es una facultad subjetiva, obviamente. La Cámara puede considerar o no que un bien tiene utilidad pública y es una facultad exclusiva, ningún otro poder del Estado lo puede determinar”, explicó. Y subrayó que “después de un extenso debate y más de cuatro meses de trabajo sobre el tema, una mayoría muy calificada de diputados, 25 votos, consideraron que esta era la mejor opción para la Cámara. Y por razones muy sólidas, muy fundadas”.

“El fallo dice que hay que construir en la avenida Sarmiento”

Aguilar advirtió que “lo que el fallo del juez dice es que hay que construir la Cámara de Diputados sobre la avenida Sarmiento. No se puede expropiar otro inmueble dado que ya está expropiado un inmueble sobre avenida Sarmiento para el mismo fin”. Y recalcó que “el predio sobre avenida Sarmiento tiene un costo de construcción casi tres veces superior”.

Con respecto al terreno sobre la avenida Sarmiento al 3000, el titular del poder Legislativo recordó que el costo de construcción en avenida Sarmiento demandaría alrededor de 83 millones de pesos. Pero que además se debería construir una defensa por encontrarse en el valle de inundación del Río Negro. “60 por ciento del predio de la Sarmiento es en zona prohibida por APA y el 40 por ciento zona de restricción severa lo que quiere decir que hay que realizar tareas de relleno muy específicas para poder construir. Nosotros tomamos todas las previsiones y realizar la adecuación de 3 hectáreas sobre la Sarmiento tiene un costo entre 6 y 8 millones de pesos”, precisó.

En términos aproximativos, Aguilar puntualizó que “construir el predio sobre la Sarmiento a la Cámara le llevaría aproximadamente 90 millones de pesos”. Y consideró que “esas previsiones no se pueden poner ni en uno, ni en dos, ni en tres presupuestos, ni en cuatro. Estamos hablando que la Cámara podría reunir esos fondos en un lapso de entre 6 y 7 años si resolviera adicionarse 15 millones de pesos de presupuesto cada año. Con lo que esto significa, una demora de entre 6 y 7 años para poner en funcionamiento una nueva Cámara de Diputados, con el riesgo que ya sabemos que existe para la vida misma de los empleados legislativos y de quienes concurren a la Cámara como ha quedado evidenciado en el incendio reciente”.

Un tercio del costo y en doce meses

“Tenemos un costo de construcción mucho más alto, aún si se pudiera hacer, que no se puede hacer, y un tiempo de demora muchísimo más alto. Contra la alternativa, que localizamos, discutimos y evaluamos bien -con una comisión de la Cámara donde están representados todos los bloques parlamentarios – de construcción en la textil Abraham que tiene un tiempo de construcción de aproximadamente doce meses y un costo de construcción –incluyendo el valor de la expropiación- que está en el orden del tercio de los noventa millones”, fundamentó el titular de la Legislatura chaqueña.

“Está muy claramente fundamentada la utilidad pública. La razonabilidad, porque se está ahorrando al Presupuesto provincial y en definitiva a la sociedad una inversión que se puede hacer por un tercio del valor como la estamos proponiendo”, recalcó Aguilar. Y planteó que “no creo que exista ninguna duda al respecto para nadie que pueda hacer un análisis medianamente sensato del tema”.

“Negocios inmobiliarios”

Por otro lado, Aguilar aclaró que quien impulsó la medida cautelar, Alberto Cornier, “ya vendió sus créditos porque en el expediente de la quiebra se documenta que el crédito hipotecario fue transferido al señor Alberto Castro”. “No es siquiera parte y es algo que el juez debió considerar, ninguna persona que no sea parte puede solicitar intervención en un proceso de expropiación”, sentenció. Y advirtió que “esto desmiente esa idea de que se pensaba retomar un emprendimiento textil ahí. Lo que hay es la intención de realizar un negocio inmobiliario detrás de lo cual hay decenas de millones de pesos dando vueltas, que esperemos no tengan la capacidad de influenciar a la justicia al momento de dictaminar en la apelación”.