Así lo confirmó ayer el procurador General del Tesoro de la Nación, Joaquín Darrocha, quien visitó Tucumán para firmar un convenio con el Gobierno local destinado a la capacitación de los abogados del Estado.

"Estamos a la espera de un pedido de anulación que hemos planteado ante el CIADI que condenaba a la República Argentina y consecuentemente a la provincia de Tucumán", explicó el funcionario a la prensa.

Como se recordará, el CIADI condenó a la provincia de Tucumán a pagar 105 millones de dólares a la empresa francesa Vivendi y a su filial Compañía de Aguas del Aconquija por los daños que le produjo la suspensión "en forma arbitraria" de la concesión del servicio de distribución de agua ocurrida en el año 1997.

Darrocha cuestionó el argumento de la "inseguridad jurídica" planteado por la ex concesionaria a la hora de fundamentar su reclamo. "A este concepto lo que están aprendiendo los inversores y los países centrales, a partir de la crisis económica, que la inseguridad jurídica puede existir en cualquier lugar no solamente en la Argentina, porque no es inseguridad, en realidad es una situación que viven ellos", señaló.