La Cámara de Casación Penal apartó el juez Juan Antonio González Macías del Tribunal Oral N° 1, que debía conducir el juicio contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez y crea una nueva postergación en el inicio del debate, el primero en Mendoza que se realizará por delitos cometidos durante el último gobierno militar entre 1976 y 1983.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad en principio iba a comenzar el próximo 11 de marzo pero el mes pasado, justamente por no haber un definición sobre los cuestionamientos contra González Macías, se postergó hasta nuevo aviso, como anticipó Los Andes en su edición del 24 de febrero.

Ahora, con esta resolución, la Cámara de Casación Penal pone un interrogante mucho más profundo. Inicialmente, como reza el fallo, se deberá "realizar una nueva integración del Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza", que a la luz de esta resolución quedó conformado sólo por Héctor Cortez y Alejandro Piña.

El alto tribunal argumentó en sus consideraciones que González Macías debe ser apartado por haber tenido "anteriores actuaciones en causas conexas con este proceso".

La recusación fue presentada el año pasado por los defensores oficiales Daniel Pirrello y Andrea Duranti. La aceptación por parte de la Cámara marca un hecho sin antecedentes en Cuyo dentro de la Justicia Federal. Pero, además, declararía nulo todo lo que se ha hecho hasta ahora si se sigue la letra del artículo 62, del Código Procesal Penal de la Nación, según comentarios hechos en los Tribunales Federales de avenida España y Pedro Molina, que ayer se vieron convulsionados con la novedad.

Argumentos

Dijo Mariano Gonzalo Palazzo, como preopinante, con la adhesión de los camaristas Gustavo Hornos y Augusto Diez Ojeda, que "entre las víctimas comprendidas en la denuncia encarrilada en los autos mencionados, se encuentra Rosario Aníbal Torres (un comisario detenido en San Luis y supuestamente desaparecido en el Palacio Policial, donde funcionaba el D-2). Y es precisamente en tal legajo que el magistrado recusado tomó medidas netamente instructorias, tales como pedir informes a la Jefatura de Policía, citar a diversas personas a prestar declaración testimonial, recibir declaraciones... y citar a prestar declaración indagatoria".

Concluye sosteniendo que queda demostrado que la actuación del juez en la etapa preparatoria ha demostrado "signos de formación de un juicio, aunque sean en mínimo grado, sobre la hipótesis fáctica, la participación de los imputados y una presunción de culpabilidad", por lo que corresponde su apartamiento del Tribunal.

Compás de espera

Este juicio, anunciado como el primero de la provincia en el que se juzgarían crímenes de lesa humanidad, se trata en realidad de un proceso que acumula 17 causas por crímenes cometidos en Mendoza en perjuicio de 24 víctimas y tiene como acusados a ex militares y ex policías señalados como represores.

Los imputados son Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército; los coroneles Tamer Yapur y Orlando Dopazo (recientemente fallecido); Paulino Enrique Furio, ex jefe de Inteligencia de Ejército, y el ex general Mario Lépori.

También están imputados los comisarios retirados Eberto Villegas, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Armando Fernández Miranda; el médico de la fuerza Celustiano Lucero y el oficial de la Policía de Mendoza Luis Alberto Rodríguez Vázquez.

González Macías, que continúa como presidente del Tribunal, seguía trabajando ayer en su despacho y prefirió no hablar sobre la resolución de la Cámara, que podría ser apelada por el fiscal o la querella.