Primero apartaron al juez, luego al fiscal, después cayó el procurador general de la Nación y, ahora, llegó el turno del fiscal antilavado.
La decisión la tomó el fiscal Jorge Di Lello, quien interviene en la causa desde mediados de mayo pasado, cuando se dispuso el apartamiento del primer fiscal a cargo de la causa, Carlos Rívolo, y de inmediato aminoró la marcha de la investigación.
Tal como lo había revelado El Comercial días atrás, el hasta ayer fiscal Plee requirió dos veces al Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) formoseño que le entregue toda la documentación relacionada con la comisión de $ 7,6 millones que le pagó a la firma The Old Fund por su supuesto trabajo de asesoramiento para completar el canje de la deuda que Formosa mantenía con la Nación, sin obtener resultados positivos.
Presidida por Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del entonces ministro de Economía Amado Boudou, The Old Fund recibió los $ 7,6 millones en su cuenta del Banco Macro apenas 80 horas después de que el Palacio de Hacienda diera su último paso relevante y emitiera un proyecto de resolución a favor del canje de la deuda con Formosa, según surge de la hoja de ruta del expediente administrativo del Ministerio de Economía que reveló La Nación.
El trasfondo
Según confirma el periodista del matutino porteño La Nación, Hugo Alconada Mon, Di Lello resolvió la salida de Pleé “con un giro llamativo. En el mismo oficio en que le informó al juez federal Ariel Lijo que su colega de la Ufilavdin había dado “acabado cumplimiento al pedido de colaboración”, le indicó que dispuso “solicitar nuevamente la colaboración de la Unidad de Información Financiera”.
A entender del prestigioso periodista que puso en evidencia el desembolso “llamativo” por el monto y los tiempos de pago por parte de la entidad formoseña a favor de Vanderbroele, “el cambio de una unidad por otra resulta notable porque, al contrario de lo que sostuvo Di Lello, la Ufilavdin aún debía completar dos misiones. La primera, ahondar en la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó a Vandenbroele por su supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que la provincia negoció con Boudou, por entonces ministro de Economía. Su segunda misión era igual de sensible: determinar el origen de los fondos con los que el ex banquero Raúl Moneta canceló las deudas de The Old Fund y terminó como financista de la captación de Ciccone”.
El arribo de la UIF también levantó polvareda el viernes en los tribunales porteños porque Sbattella no había solicitado ser aceptado como querellante en la causa -como sí lo ha hecho en otros expedientes-, y porque su unidad jamás reportó a la Justicia algunas operaciones de los investigados. Entre ellas, el blanqueo de $ 7 millones por el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, que la AFIP había reportado como sospechosa.
A pedido
El desplazamiento de Pleé, además, era un firme anhelo del propio Núñez Carmona. Su abogado, Diego Pirota, ya había pedido su apartamiento el 7 de mayo pasado.
La decisión de Di Lello podría, sin embargo, chocar con los planes del juez Lijo, quien decidió quedarse con la instrucción de la causa tras la salida de Rívolo en vez de delegársela a Di Lello. Ahora, el magistrado podría, de todos modos, pedir la colaboración de Pleé, aunque eso elevaría la tensión dentro de la Procuración.
La exclusión de Plee se definió, además, mientras la sala I de la Cámara Federal ultima el fallo con el que podría herir de muerte el “caso Ciccone”. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah deben definir si aceptan la apelación de Vandenbroele, quien pidió la nulidad del testimonio de su ex esposa, Laura Muñoz, y del allanamiento de la casa de su mujer en Mendoza.
La misma sala I es la que sobreseyó por “inexistencia de delito” en la causa Skanska al secretario de Energía, Daniel Cameron, y al ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, que estaban procesados por cohecho y fraude. Seis meses antes, había ratificado la nulidad de los mails extraídos de las computadoras del presunto testaferro del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide. Ahora, debe definir sobre el caso Ciccone.








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