El jefe de Policía, Ariel Gallinger, resolvió la separación preventiva del cargo de 11 efectivos, tanto oficiales como suboficiales que trabajan en San Carlos de Bariloche, que quedaron procesados en la causa penal que investiga los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, ocurridos durante la represión de las revueltas populares de junio de 2010.

Según pudo averiguar este diario, los efectivos suspendidos aparecen comprometidos no sólo en la causa penal, en la que fueron imputados por el juez Ricardo Calcagno, sino también en los sumarios internos de la Policía. La suspensión regirá hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Además de seis suboficiales, también fueron alcanzados por la misma resolución cinco policías de mayor jerarquía, entre ellos oficiales inspectores, un comisario que se encontraba a cargo de una comisaría de Cipolletti y otro comisario inspector que ya está en situación de retiro, Fidel Veroiza, quien secundaba en al momento de los hechos al comisario mayor Argentino Hermosa en la jefatura de la Regional Tercera de Bariloche. A este último, en la causa penal que lleva Calcagno, se le imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la Jefatura de Policía, actualmente a cargo de un civil y abogado, Ariel Gallinger, se dispuso la separación de los cargos de todos los imputados apenas conocida la reciente resolución judicial firmada esta semana por Calcagno, por la cual fueron procesados los 11 policías.

La medida policial no sólo significa que los procesados dejen de cumplir funciones sino también el retiro de sus respectivas armas reglamentarias, uniformes y la reducción del salario.

Los procesamientos no incluyeron el dictado de la prisión preventiva y esa fue la razón que alegaron altas fuentes de la institución para no suministrar las identidades de los policías.

Cárdenas (29) y Carrasco (16) murieron al ser alcanzados por perdigones de acero, presuntamente policiales, en el marco de una manifestación que concentró a vecinos de la zona alta de Bariloche en repudio por el asesinato del joven Diego Bonnefoi durante un procedimiento.

Calgano en realidad imputó a 12 uniformados, pero uno de ellos ya había sido separado de la fuerza. A mediados de julio pasado, como resultado de la indagatoria a los doce miembros de la Policía, el juez definió imputar a tres de los efectivos bajo la figura de "homicidio en riña", y al resto los delitos de "lesiones graves" e "incumplimiento de los deberes de funcionario".

Los abogados de las familias de los jóvenes asesinados dejaron entrever su malestar por las figuras penales aplicadas, teniendo en cuenta que en ninguno de los casos se avanza sobre un posible homicidio doloso y refuerza la teoría del "error" policial o de la falta de intención de provocar daño fatal a las víctimas.