Afirmó que “cree” en la denuncia de su colega Augsburger, referida a una maniobra similar para frenar el enjuiciamiento a un miembro del Tribunal de Cuentas.

Diecinueve días después de las explosivas declaraciones del abogado Luis Augsburger, sugiriendo el pedido de un soborno por parte de legisladores para “planchar” el juicio político al integrante del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciutti, el letrado de Río Grande Francisco “Paco” Giménez realizó ayer una serie de imputaciones de similar tenor.

Durante un reportaje concedido al programa “El cronista urbano” de FM del Sur, Giménez aseguró que “le constan” las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que “tres legisladores” le pidieron ocho millones de pesos al ex gobernador Jorge Colazo para evitar su destitución por juicio político en 2005.

El abogado sostuvo que no puede dar nombres en resguardo del secreto profesional, pero describió con lujo de detalles la forma en que se habría realizado el pedido de coima.

“Yo le creo a Augsburger. Es cierto lo que dice. No le puedo dar nombres por secreto profesional, pero a mí me consta quiénes fueron, dónde y cuánto le pidieron al entonces gobernador Colazo para dejar sin efecto el juicio político que lo terminó destituyendo”, disparó Giménez en dialogó con el periodista Adrián Moreno. Y agregó: “Le voy a decir dónde se juntaron. Fue en San Martín y Ricardo Rojas de Río Grande. En el patio de la delegación del Ministerio de Gobierno. En ese lugar, tres legisladores le pidieron 8 millones de pesos a Colazo para dejar sin efecto el juicio. Colazo les dijo que no y así terminó el proceso, con el gobernador destituido”.

Cuando le preguntaron si él había presenciado el supuesto pedido de coima, el abogado contesto que no, pero “alguien me lo comentó y yo por secreto profesional no le puedo decir los nombres”, afirmó.

El letrado también mencionó que “en Río Grande sabemos quién es quién, cómo llegaron a la política y cómo están ahora. Acá convivimos con políticos y ex políticos que son millonarios”, aseveró, y culpó al Poder Judicial por carecer del “coraje” para “investigar lo que se tiene que investigar”.

Reparto de cargos

En la misma entrevista, Giménez se refirió al “silencio legislativo” respecto del conflicto surgido entre el Gobierno y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por la continuidad de los profesorados que fueron pasados de esa casa de estudios al Instituto Provincial de Enseñanza Superior (IPES).

En ese contexto, el abogado que representa a un grupo de estudiantes inmersos en el conflicto, deslizó sus sospechas de que allegados a legisladores de la oposición y militantes del Gobierno se hayan visto favorecidos por cargos creados dentro de la estructura del IPES.

“Sospecho que el IPES fue creado por este Gobierno para generar una superestructura y darles cargos a sus militantes. Es público y notorio en Tierra del Fuego quiénes son los rectores, vicerrectores, bibliotecarios y jefes de laboratorios sin laboratorios. Un instituto que tenía un costo de 3 millones de pesos cuando dependía de la UTN y que ahora cuesta más de 20 millones. Y me extraña el silencio de la Legislatura. Sospecho lo que ha pasado y en cuanto lo pueda probar voy a dar nombres y apellidos”, advirtió el letrado.

Sobre el conflicto con la UTN y el Gobierno, Giménez enfatizó que “la Cámara de Apelaciones dictó una medida cautelar ordenando retrotraer la situación y que se le garantice a los estudiantes la finalización de las clases en la UTN hasta que terminen sus carreras. Ahora el Superior Tribunal dictó una medida similar. Y el Gobierno tiene que cumplir con la sentencia”.