Nadie que no haya seguido con detenimiento y en detalle lo que hizo con YPF el peronismo en general durante los malditos años 90 y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en particular, desde 2003 hasta ahora mismo.

Poseer una petrolera como Petrobras o Pemex, en la Argentina, sería un lujo. Ambas están conducidas por los funcionarios de los gobiernos de Brasil y México. Las dos se nutren también de capital privado y tanto una como la otra cuentan con ejecutivos de máxima calidad. Pero la diferencia más importante entre YPF la petrolera y las otras dos es la política errática a la que aquélla fue sometida durante los últimos veinte años y la continuidad y la coherencia con la que se vienen manejando sus pares de Brasil y México.

Cuando les pregunté, desde la radio, a tres dirigentes distintos identificados con este gobierno cómo explicaban el entusiasta, explícito y decisivo apoyo que le dio el entonces gobernador Néstor Kirchner a la privatización de YPF que impuso el presidente Carlos Menem en 1992, ninguno me supo dar una respuesta coherente. Cuando les mencioné el acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández, el ex presidente Kirchner y la familia Eskenazi para comprar primero el 14% y después el 25% de la petrolera en condiciones extraordinarias, tampoco lograron darme una contestación más o menos satisfactoria. Hay que dejar sentado, a propósito de esto último: no hay dudas de que el particular acuerdo entre Repsol y los empresarios argentinos fue convalidado, de manera efectiva, también por la jefa del Estado. El entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández fue testigo presencial del momento en que aquel pacto se juramentó. Y el particular acuerdo contemplaba, sin lugar a segundas interpretaciones, que los Eskenazi pagarían las acciones con las mismas utilidades que irían obteniendo de la petrolera, una vez que estuvieran dentro de la compañía. El y Ella estuvieron al tanto de esa ventajosa cláusula. Lo sabían todo. Nadie les ocultó información.

A los tres políticos oficialistas que tuvieron la deferencia de atenderme el martes no les llegué a mencionar los elogios de la jefa del Estado al presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y también a Enrique y Sebastián Eskenazi, de septiembre del año pasado. Cristina Fernández los había puesto como ejemplo de lo que todos los hombres de negocios deberían hacer en la Argentina. Son los mismos a los que el viceministro Axel Kicillof acaba de acusar de vaciadores y de ocultar información al Estado. De todos modos, si hubiera mencionado el hecho, cualquiera de los tres me habría dado una sola respuesta. Es la misma que me concedió el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, para explicar por qué Kirchner decidió pagar una buena parte de la deuda externa negociando una quita considerable de capital. O cómo se instrumentó la estatización de las AFJP. O cuál fue el motor que impulsó la aprobación de una ley de medios meses después del intenso vínculo que el ex presidente venía manteniendo con el Grupo Clarín, a cuyos periodistas les facilitaba todas las primicias del Gobierno. "Antes no estaban dadas las condiciones; ahora, sí", argumentó Mariotto y, con amabilidad y simpatía, dio por terminada la discusión. Sin embargo, con todo respeto, el asunto no parece tan sencillo. Me gustaría que explicaran, con los números reales en la mano, lo siguiente: si en verdad Repsol YPF se aprovechó del Gobierno y del Estado argentino y se quedó, como denunció Kicillof, con 9000 millones de dólares que no les correspondían, ¿por qué los funcionarios, desde 2003 hasta ayer nomás, aprobaron entonces cada uno de los balances de la empresa? ¿Por qué convalidaron su política de extracción, inversión y distribución de los dividendos? ¿Por qué no denunciaron la desinversión y el despojo hace cuatro años, después de bendecir el ingreso de capitalistas argentinos "especialistas en mercados regulados"?

Cada una de las iniciativas oficiales que ahora son presentadas como inherentes al modelo son puestas sobre la mesa como gestas patrióticas imposibles de rechazar. Igual que la expropiación y estatización de YPF, ¿quién se podría negar a convalidar el pago de la deuda externa, si eso, supuestamente, nos permitía a los argentinos liberarnos del yugo del Fondo Monetario Internacional?; ¿quién se podría oponer a que la Anses estatizara las administradoras de fondos de pensión, si supuestamente las empresas de jubilación privada se "timbeaban" el dinero de nuestros abuelos o lo consumían en enormes gastos de administración y el Estado, en cambio, venía a reparar semejantes injusticia? ¿Quién sería capaz de cuestionar la recuperación de la aerolínea de bandera, luego del descalabro que, según Ricardo Jaime, protagonizaron los socios españoles de Marsans?

Una buena parte de la sociedad puede estar entusiasmada con la movida. Pero a esta película le faltan unas cuantas escenas. No está, por ejemplo, la principal. La de la crisis energética que obliga a la Argentina a importar combustibles por 14 mil millones de dólares anuales y que empezó en 2004, fue denunciada por decenas de expertos en 2008 y ahora provoca un grave impacto en la balanza comercial y la economía general. Tampoco figura la escena del persistente aumento del costo de vida, que obligará al Gobierno a recurrir a las reservas del Banco Central y así distorsionar todavía más la lógica económica. Nadie habla ahora sobre la olla a presión de miles de pequeños ahorristas que pretenden comprar dólares porque intuyen que está demasiado barato. Y, por supuesto, en este gobierno poblado de funcionarios arrogantes, nadie está dispuesto a hacer una mínima autocrítica, después de nueve años de intenso y abrumador ejercicio del poder. De cualquier manera, deben computarse, otra vez, a favor de Ella y su pequeño círculo íntimo, la audacia y el sentido de la oportunidad para anunciar la noticia del año y ejecutarla con energía y sin complejos. Volvió a recuperar la iniciativa política y la agenda. El escándalo que involucra a Amado Boudou, el costo político que venía pagando por la tragedia de Once, el aumento de la yerba, la preocupación por la quita de subsidios y el crecimiento de la inseguridad pasaron a segundo plano, porque ahora la discusión de café quedó reducida a la idea de que ya era hora de que la Argentina recuperara su petróleo y los dividendos no se fueran a España.

Las encuestas, hasta el lunes, venían marcando un fuerte cambio de clima. La imagen positiva de Cristina Fernández estaba bajando cada día más y de manera veloz. La expropiación de YPF puede ser vista como otra jugada maestra. O como un nuevo manotazo de ahogado para seguir a flote, sea como sea.