De acuerdo con la información a la que arribó SM, las motos estarían a punto de ser adjudicadas a un precio de 18.138 pesos por unidad, mientras que el mismo rodado en el mercado se consigue a 7.300 pesos y el equipamiento policial que debe anexarse ronda los 2.900 pesos.

Sin Mordaza consultó a un comercio que se dedica a la comercialización de estos rodados (Guerrero), y el precio de venta por unidad asciende a aproximadamente 7 mil pesos. La moto en cuestión es la Guerrero GXR 200 Tundra.

La controversia se genera porque, una vez más, el gobierno se embarca en una operación dudosa, teniendo en cuenta que estaría a punto de aprobar una adjudicación a un precio dos veces superior.

Según el informe de pre-adjudicación, la Provincia va a pagar por cada unidad 18.138 pesos a una firma de San Lorenzo, desestimando a la otra que se presentó, de la provincia de Córdoba, cuya oferta ascendía a 10.400 pesos. La pregunta es, entonces: ¿Por qué se opta por adquirir un producto a un precio dos veces superior?

La razón de desestimar a la firma cordobesa radicaría en dos cuestiones: una, que ésta no habría presentado el certificado de deudores alimentarios morosos y, la otra, por un supuesto problema en los frenos.

Vale mencionar sobre este punto que, en la licitación que se concretó el año pasado, el tema de los frenos no fue un condicionante para llevar adelante la operación, de la que finalmente salió victoriosa Guerrero Motos, además, porque fue la única empresa que se presentó. En esa oportunidad, a la Provincia le fue indistinto si los frenos eran a disco o tambor. Pero esta vez, parece que fue un factor determinante.

El año pasado se compraron 20 motos sin el equipamiento policial y 80 con él, y más 100 cascos. En la presente operación, se trata de una compra de 160 cascos y 160 motocicletas.

Una vez más, las irregularidades tiñen de sospecha a una operación que, por los datos recabados y la información contrastada, no reviste justificación. La inversión por cada unidad asciende a $7.300 de contado, y si se le suma el equipamiento ($2.900) a $10.000. Por eso, es incomprensible que se opte por una compra superior a los $18.000 por unidad. ¿Por qué se paga, entonces, $9.000 de más, por unidad?

Son respuestas que debería dar el gobierno de la provincia, si es que existen fundamentos que justifiquen el pago de tamaña diferencia de precio en una operación que, hasta ahora, sólo está tapada de sospechas.