La decisión del Gobernador de otorgar un 16% de incremento salarial a partir de agosto y de blanquear el 15% que se venía pagando en negro desde enero puso en aprietos a la mayoría de los intendentes que, saben, con este anuncio salarial, ya tienen los reclamos municipales en puerta.

Ninguno salió hasta ahora a prometer la adhesión sin reparos. Todos anticiparon que analizarán el decreto del Ejecutivo y harán números para ver si la espalda financiera les permite sumarse; y hasta hubo varios intendentes que salieron a pedir la ayuda de la Provincia para poder mejorar los haberes en sus municipios.

Es que, aunque el grueso de los jefes comunales terminó adhiriendo al incremento del 15% otorgado por la Provincia en enero, muchos tuvieron serios inconvenientes para cumplir.

En medio de la cautela y la presión, las expresiones de los jefes comunales fueron variopintas: "No creo que el Gobernador nos quiera dejar librados a la de Dios, él es un Gobernador municipalista", declaró el intendente de Fiambalá, Amado David Quintar, quien aseguró que otorgar el aumento representaría para la comuna unos 150 mil pesos extra. Su par de Belén, Daniel Ríos, también manifestó las dificultades para afrontar el aumento con recursos propios y deslizó el pedido al Gobierno: "Esperaremos ver qué ayuda pueden darnos desde la Provincia".

Desde Andalgalá, José Perea puso iguales reparos: que sin ayuda oficial no podría dar el aumento y recordó que la comuna no adhirió al último incremento del 15% por problemas económicos.

Del otro lado, el jefe comunal de Fray Mamerto Esquiú, Humberto Valdez admitió que será difícil, pero que harán el análisis para ver si pueden aplicarlo: "La situación es difícil, siempre los municipios vivimos el día a día", admitió, pero dijo que "habrá que hacer las ingenierías suficientes en lo que respecta a números para poder cumplir".

En representación del municipio capitalino, el secretario de Hacienda, Daniel Castillo, dijo que con el decreto de la provincia en mano verán si pueden adherir, pero advirtió que en caso de otorgar la recomposición salarial en las mismas condiciones que el Ejecutivo -16% no remunerativo y blanqueo del 15%-, el municipio tendría un costo salarial extra de 10 millones de pesos para este año. "Es que por la estructura de los salarios municipales, el blanqueo del 15% dispara entre 23 y 24 adicionales", explicó.

La jefa comunal de Icaño, Olga Santillán, hará el análisis con su equipo económico a fin de definir si podrá sumarse y anticipó que el martes se reunirá la comisión de participación municipal que preside para analizar el tema salarial. De todos modos, recordó que el decreto no invita a los municipios a adherir y que gozan de autonomía para decidir en función de sus posibilidades: "Cada intendente conoce muy bien sus propios números y sabrá si está o no en condiciones de hacerlo", dijo, y acto seguido remarcó: "El Gobierno no nos va a dar un aporte extra para hacer el aumento salarial, sabemos que es difícil para muchos intendentes, por eso la decisión tendrá que ser analizada en el marco de cada municipio".

Por lo pronto, desde ATE, gremio que nuclea a empleados de varios municipios, dijeron que reclamarán el aumento.