El gobierno bonaerense anunció ayer que es “inminente” el traspaso de la Autopista La Plata-Buenos Aires a la órbita de la Provincia. Si bien esa posibilidad se venía manejando desde hace varias semanas, el gobernador Daniel Scioli sorprendió ayer con el anuncio durante un acto en el que se abrieron los sobres de la licitación para las obras de la ruta 6.

El anuncio oficial llega en medio de un litigio judicial que tiene frenado un aumento del peaje que es reclamo por la concesionaria Coviares. Y además, en el marco de duros cuestionamiento a la empresa por el pésimo estado de la autovía y las obras comprometidas y nunca concretadas como las bajadas en Villa Elisa y Tolosa y la ampliación de carriles.

“Esta responsabilidad implica hacer lo que hay que hacer para que hagamos definitivamente el tercer y cuarto carril de cada una de las manos de ida y vuelta de Capital a Provincia”, indicó tras ese anuncio el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía.

Actualmente la Autopista está bajo jurisdicción nacional y la concesión de Coviares vence en 2017. Pese al traspaso, el gobierno bonaerense ya anticipó que pedirá ayuda a la Nación para la realización de obras. “Esperamos que nos ayude y pueda realizar la obra de la bajada al Puerto de La Plata y entonces tendríamos una integración definitiva entre ambas ciudades y un desarrollo del puerto que va a estar en condiciones optimas para transformase en un lugar privilegiado por la naturaleza”, dijo el ministro.

“Una vez firmado el convenio y aprobado por la Legislatura, la Provincia tomaría la responsabilidad, a través del concesionario, de realizar algunas obras y otras serían facilitadas por el financiamiento del gobierno nacional”, dijo Arlía.

En medio del anuncio, surgieron las primeras dudas. Una de ellas, si la administración de Daniel Scioli continuará con el mismo concesionario o buscará una rescisión como ocurrió con las UTEs que explotaban las rutas 2 y 11.

Como se dijo, la Justicia Federal de Quilmes dictó un amparo que frenó el aumento del peaje en la Autopista. La Nación había autorizado un incremento que llevaría los 2 pesos actuales a 3,50 pesos, que se elevarían a 5 pesos en horarios pico.

El proceso judicial comenzó tras el amparo impuesto por el concejal platense Gustavo Luzardo, quien pidió a la justicia que inhabilitara el último incremento con el argumento de que no se habían realizado obras incluidas en el contrato.

Esa medida dispuesta por el juez Luis Armella sigue vigente.