En la página oficial el gobernador aclaró que "no se trata de nuevos empleados públicos, sino de trabajadores que ya vienen cumpliendo funciones en el Estado, algunos incluso desde 2009".

Insistió, como ya lo han hecho en otras ocasiones el mandatario y el ministro de Economía, Alejandro Palmieri, en que la "incorporación a planta permanente no le genera mayor gasto o esfuerzo presupuestario a las arcas provinciales".

La gran mayoría de esos empleados están concentrados en las áreas de Salud Pública, Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. Del total, 1.658 pertenecen al Ministerio de Salud, enfermeros, médicos, técnicos en distintas dependencias del Ministerio o personal de Servicios Generales de los hospitales.

En tanto, 1.340 prestan funciones en el Ministerio de Educación, fundamentalmente como porteros; mientras que 1.074 corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, desde técnicos a integrantes de los dispositivos y mecanismos de protección de la minoridad o de ancianos. "Estas tres áreas engloban al 75% de estos contratados, mientras que el resto cumple funciones en otras áreas", indicó el gobernador.

Quedan excluidos los empleados que al 31 de diciembre de 2014 no hubiesen estado cumpliendo las tareas en el ámbito para el cual fueron designados; los trabajadores que estén con algún tipo de licencia de carácter especial, médica, política, u otro aspecto o adscripciones a otro organismo, cuyos casos se analizarán en forma puntual.

El secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, gremio que participó en la elaboración del proyecto dijo que "se tiene que volver a hacer el examen preocupacional, de buena conducta, verificar la nacionalidad, el domicilio y, luego desde el sindicato procederemos con el armado de los cuadernillos, cada agrupamiento tiene uno para estudiar y se toma el examen correspondiente".

Aclaró que "quien fue contratado para una tarea y la tarea se termina, o no está cumpliendo con su labor diaria no pasa a planta".

Desde ATE consideraron que "es un avance para los estatales", pero criticaron "la falta de creatividad del gobierno. La iniciativa legal del Poder Ejecutivo, resulta una copia idéntica del proceso instrumentado por la gestión radical hace cuatro años y contendría varios artículos viciados de inconstitucionalidad".

Aclararon que aún no tuvieron acceso al proyecto, pero indicaron que los cuestionamientos se desprenden de los anuncios del gobernador.