“Siempre estuvimos en contra de este contrato que fija un precio implícito del boleto de más de un dólar, y que no establece algunas obligaciones que aumentarían beneficios para los usuarios, por esa razón nos opusimos y votamos en contra en Noviembre del año pasado”, destacó el concejal Ariel Kogan.

El edil anunció que “ahora que puede haber un conflicto con la empresa, es la oportunidad de bajar el costo integral para el pasajero y la Municipalidad y de obtener mejoras en el servicio para los vecinos”.

El bloque del PJ, que Kogan comparte con Darío Martínez, sostiene un escenario con tres posibilidades: a) renegociar el contrato con el nuevo grupo empresario, con cláusulas que bajen el costo y mejoren el servicio; b) explorar, sondear e interesar a otras empresas operadoras con las nuevas condiciones; c) caducar la concesión e incautar las unidades y demás bienes de la actual concesionaria, administrando el servicio hasta llamar a una nueva licitación.”

También se pronunció sobre el tema la Coalición Cívica-ARI, en un documento firmado por su presidente, Ricardo Villar, y mencionándose como partido que “comparte el gobierno municipal”.

Para este sector, “ninguna empresa, por poderosa que sea o por padrinazgo político que pueda tener”, puede menoscabar a las instituciones gubernamentales”, por lo que se afirma que “acompañamos todas las medidas que tomen el órgano Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en favor de la transparencia de esta operación y del respeto a los contratos de concesión y los compromisos asumidos por la prestataria”.

También indica que “cualquiera sea la identidad de los nuevos dueños y su encuadramiento partidario, lo que nos importa es que el servicio de transporte urbano de pasajeros, responda a las exigencias de calidad, puntualidad, cobertura geográfica, comodidades, y pautas tarifarias que merecen los miles de usuarios diarios, y todos los compromisos contenidos en el contrato de concesión suscripto por Indalo”.