Un trágico flagelo que se extiende como una epidemia de virulencia social sin toparse con algún tipo de contención eficaz por parte un Estado ausente hasta el momento. Falencia que se refleja en la intervención que debiera llevarse a cabo para evitar mayores daños y consecuencias derivadas de una situación en la que el drama y la irracionalidad cobran vigencia ante cada episodio que se suscita.

Este contexto fue el descripto ayer en Tucumán en el marco de una jornada nacional, donde diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales exigieron que se declare de manera inmediata la Emergencia Nacional por Violencia de Género, ante el crecimiento de los casos coercitivos donde la víctima principal termina siendo la mujer. y que en los últimos años significaron una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación.

En una nutrida movilización que partió desde plaza Urquiza, realizando una posta en la Legislatura local para hacer entrega del petitorio con diez mil firmas en aras de avanzar en una norma que establezca la emergencia subrayada con anterioridad, quienes formaron parte de la marcha (ONG's, la CCC, CTA, Familiares de Víctimas de la Inseguridad y agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas) se dirigieron a la zona de plaza Independencia donde se desarrolló el acto central de la jornada.

"Más que malestar, tenemos indignación porque entendemos que la situación es grave, ya que hay un incremento importante de la violencia contra las mujeres y que es necesario tomar medidas de fondo que garanticen la atención y asistencia inmediata a las víctimas de violencia. El femicidio siempre es el último paso, nunca el primero, por lo tanto si el Estado se hace cargo y toma las medidas necesarias, es posible que se eviten este tipo de muertes. Estamos ante una urgencia política", indicó a EL SIGLO, Vicky Disatnik, referente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, una de las organizadoras de la movilización.

En este mismo sentido, se expresó Yanina Muñoz (integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana MUMALA) quien también deslizó críticas contra la falta de accionar por parte de las instancias que debieran brindar respuestas concretas para menguar los efectos desgarradores que conlleva este tipo de violencia.

"La respuesta que da el Estado no es real, existe el marco legal (Ley 26.485 de Protección Integral para las Mujeres) que avanza en el sentido de lo jurídico pero no tiene implementación concreta en la realidad. Esta Ley crea el Consejo Nacional de la Mujer y la partida presupuestaria que se destina es cada vez menor. El año pasado fue de 0,029 por ciento del Presupuesto de todo el país y este año es del 0,027 por ciento, que equivaldría alrededor de 13 millones de pesos, de los cuales ocho millones están destinados al personal. Para la implementación y aplicación de políticas quedan sólo alrededor de cinco millones. No hay una decisión real de atacar la problemática en ese sentido", planteó.

Disatnik resaltó que la sociedad está inmersa en un cuadro de relaciones patriarcales que propiciaron esta forma de comportamiento ejercida contra las féminas, por lo que sostuvo: "La violencia contra las mujeres está naturalizada desde hace siglos, el tema es que gracias a los medios tiene una real importancia y se conoce. Es una problemática que se encierra dentro de las cuatro paredes de una casa, pero si existieran lugares para recurrir y se explicara cuál es el circuito real de atención, si se acabara con la burocracia que ronda a estos temas, es posible que empecemos a cambiar esta naturalización".

Uno de las circunstancias en las que se enfocaron las mayores objeciones fue en la manera de administración que tienen los órganos que debieran abocarse al tratamiento de esta temática. Según lo indicado por Muñoz, "tenemos demandas de mujeres a quienes no les toman las denuncias porque le dicen que van a volver con sus maridos. Hasta casos de comisarios que señalan que 'para qué le tomaremos la denuncia si la mujer tiene lo que se llama luna de miel' (etapa de arrepentimiento de la víctima para con su agresor). Entonces, si las autoridades competentes transmiten eso a la sociedad, pone en una instancia mucho más grave la situación de violencia que está pasando esa mujer porque no atendemos el primer indicio que es la denuncia para no llegar a su máxima expresión que es el femicidio".

Consultada sobre en qué franjas sociales se detecta la mayor cantidad de casos de violencia de género, la representante de la Casa de las Mujeres adujo que "se instaura en todas la capas sociales, pero las que más lo sufren son las populares, por eso la necesidad de contar con los refugios. Porque cuando una mujer del sector social alto le pasan estas cosas tiene a quién recurrir, ahora si se trata de las mujeres humildes con muchos hijos, si no hay un servicio del Estado que proteja y resuelva las necesidades elementales como la alimentación de los hijos o de vivienda, se producen estos dramas", señaló.

Al remarcar que "debemos trabajar en la desnaturalización de la violencia por una cuestión cultural de una sociedad machista", desde MUMALA agregaron que la única forma de brindar una solución compleja de la problemática es a través del trabajo conjunto del Estado con las organizaciones civiles.

"El género sigue siendo discriminado, el rol de la mujer es subordinado dentro de la familia y sociedad, a pesar de los avances en nuestra organización familiar. La mujer sigue siendo humillada, torturada y quemada", finalizó Disatnik.

Iniciativas legales de protección y contención

El proyecto que pide se declare la emergencia nacional por violencia de género es autoría de ocho diputados nacionales, entre los que figuran Victoria Donda (FAP) y Margarita Stolbizer (GEN). Básicamente, propone implementar la Ley 26485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".

Además solicita la puesta en funcionamiento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según lo establecido en artículo 9 de la Ley 26485 y conformar en todo el territorio nacional, unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica.

Por último, la iniciativa, compartida por varios partidos políticos, establece en todo el territorio nacional, una red de contención social y sanitaria entre el Estado y Organizaciones No Gubernamentales especializadas en violencia de género y busca implementar programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovaloración de la mujer.

En el primer semestre del año, seis fueron los casos de femicidio en Tucumán

Vale señalar que según un informe de la entidad nacional Observatorio de Femicidios, este tipo de coerción se cobró la vida de seis mujeres en Tucumán durante el primer semestre del año. Los datos fueron difundidos por el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que además aclaró que de esas seis víctimas, tres fallecieron como consecuencia de haber sido quemadas.

En tanto, a nivel nacional el número de muertes a causa de violencia de género se eleva a 119 durante el mismo período. El año pasado en Tucumán hubo 10 femicidios, cifra que se podría superar en 2012 teniendo en cuenta los números registrados hasta el 30 de junio.

El reporte indica además que se registraron en el país 11 femicidios vinculados de hombres y niños, y 161 víctimas colaterales de femicidios que son las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género.

Desde la organización destacaron que el informe no contempla a las mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencias de violencia sexista (cuyo fallecimiento consta como paro cardiorrespiratorio invisbilizando la violencia de género); las mujeres que mueren por abortos clandestinos, y las mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio (pero que han sufrido violencia sexista).

El trabajo recopila datos de agencias informativas, 120 diarios de distribución nacional y provincial.