Inmediatamente, se entregará la obra a la empresa que tiene a su cargo la segunda etapa, que llegará hasta la Quebrada de Moreira y consecuentemente hasta los domicilios de la ciudad Capital. De esta manera, se busca acelerar los trabajos por la crisis hídrica que año tras año vive el Valle Central.

La semana pasada, la gobernadora Lucía Corpacci instruyó a sus asesores para que procedan con el instrumento que le permita tomar posesión oficial de los trabajos realizados por la contratista Danilo de Pellegrini. La disposición la realizará el Ministerio de Obras Pública, que efectuó el contrato de obra, y luego será ratificada con el decreto firmado por la primera mandataria.

Al Gobierno lo apuran dos motivos fundamentales: la crisis hídrica que comienza a sentirse en el Valle Central con la llegada de los primeros calores de verano. Pero fundamentalmente, motoriza esta iniciativa que la segunda etapa ya está adjudicada a la firma Conorvial SA, cuyos plazos de obra ya comenzaron a correr y podrían ocasionar inconvenientes económicos al gobierno por incumplimientos.

Según pudo saber El Esquiú.com, el gobierno continuará todo el proceso judicial que mantiene con la empresa Danilo de Pellegrini en cuanto al reclamo que realizan sobre un desembolso de dinero, pero avanzará con la toma de posesión para continuar con la obra actualmente paralizada.

Irregularidades

La obra del Acueducto Pirquita-Capital se inició hace más de cinco años, durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. La mega infraestructura partía del embalse ubicado en el departamento Fray Mamerto Esquiú, pasaba por la Quebrada de Moreira e iba a terminar en la zona norte de la ciudad Capital.

Sin embargo, la anterior gestión cambió el proyecto y lo que denominaron como primera etapa culminó en Valle Viejo. Ésta es una las primeras irregularidades denunciadas por violar la Ley de Obras Públicas, que permite modificaciones del proyecto original hasta un 20%, y en el acueducto implicó un cambio total de lo previsto.

Esta obra tuvo un costo que alcanzó los 63 millones de pesos aproximadamente, muy superior a lo presupuestado originalmente, producto de sobrefacturación e incumplimientos, lo que actualmente se estudia en la Justicia con denuncias penales contra el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral y funcionarios de su gabinete.

El actual gobierno entiende que dichas modificaciones provocaron que se transformara en una obra antifuncional ya que no resuelve el propósito inicial para el que fue proyectada, y termina siendo mucho más cara para las arcas provinciales. A partir de esta situación judicial, desde inicio de este año la obra se encuentra paralizada, en especial, el segundo tramo que desemboca en la Quebrada de Moreira.

Ahora, la gobernadora tomó la decisión, que se plasmará en los días siguientes, de tomar posesión de la primera etapa, hacer las pruebas hidráulicas correspondientes para verificar que se encuentra en perfecta condiciones, o de lo contrario reparar los daños. Para ello, se contratará a una consultora, la que certificará que la misma funcione sin inconvenientes para proceder a la entrega a la empresa Conorvial SA, que obtuvo la adjudicación de la obra dos meses antes de que el FCyS dejara el gobierno.