Mientras en el Gobierno se debate cómo conseguir los fondos para restaurar el servicio de agua potable y cloacas, los operadores internacionales que la llevaron al estado actual se negaron a explicar sobre la emergencia operativa en que se encontraba la empresa, los procesos de contaminación y los pagos al personal especializado mediante cuentas confidenciales.

Así culminó uno de los últimos debates en la audiencia de conciliación a la que convocó el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) hace unos días en Washington.

Esta semana los técnicos que oficiaron de testigos en la audiencia a la que acudieron acompañados por la procuradora del Tesoro Nacional, le elevaron a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno un informe pormenorizado de lo que sucedió en esa audiencia. Algunos de esos conceptos se sumarán a la demanda por entre 400 y 700 millones de pesos que el Gobierno prepara contra Saur y que aún no tiene fecha de presentación.

Si bien los plazos legales no están cumplidos y Celso Jaque había dicho que elevaría la misma antes de culminar su gestión, ahora se evalúa la oportunidad teniendo en cuenta que Saur puede utilizarla como herramienta de presión ante los tribunales internacionales. De hecho, en la audiencia convocada hace días presentaron como pruebas de la "conducta expropiatoria" informes periodísticos publicados en medios gráficos de la provincia entre los que se destaca uno revelado por Los Andes el 7 de agosto pasado.

Audiencias extensas

Durante tres días expusieron testigos y peritos de ambas partes. Ahora el tribunal puede requerir prueba adicional o dar por terminada esta etapa. A partir de la comunicación a las partes, se dará a conocer el laudo que podrá ser apelado por cualquiera de los dos interesados.

La causa que fue elevada al tribunal del Banco Mundial por Saur International SA contra la República Argentina (Caso CIADI Nº ARB/04/04) comenzó en 2003 y se incorporaron nuevas pretensiones por parte de los demandantes tras la intervención.

Los técnicos que fueron por la provincia marcaron ante el tribunal internacional que el espíritu de este expresamente rechaza los reclamos que se refieran a obligaciones derivadas de los convenios locales que hayan suscripto los inversores o de sus actos o hechos en violación a las disposiciones locales. Por esto la Argentina ha planteado la incompetencia del Ciadi en tanto considera que Saur se encuentra sometido a la jurisdicción local.

La demanda iniciada por Sauri en 2003 se ampara en múltiples violaciones del Tratado. La firma demanda, en aplicación de este principio, una compensación de un monto de 143.9 millones de dólares que representa los daños a titulo de la pérdida de valor de la inversión y también el lucro cesante a título de los cánones del Operador Técnico.

Pero además, en su demanda inicial agrega nuevos reclamos por los siguientes conceptos: expropiación indirecta de su inversión, rechazos de revisión de tarifas, desactualización del catastro cliente, falta de pago de subsidios, medidas de emergencia, longitud del proceso de renegociación, y finalmente, la intervención.

Además, pide por un trato justo y equitativo por las medidas adoptadas por las autoridades provinciales a partir de 2000: la emergencia económica; la renegociación del contrato de concesión; y los alegados pretextos para la intervención.

A todos y cada uno de estos puntos los técnicos de la provincia respondieron con detalles de las diferentes auditorías que concretó la provincia y que mostraron el incumplimiento expreso por parte de la firma.

En este se detectó un cumplimiento de 12 por ciento de la inversión proyectada en los últimos 10 años, lo que llevó el sistema de agua potable y cloacas al colapso.

Las partes y el jurado

El tribunal que estuvo presente en las audiencias estuvo conformado por Juan Fernández (España), Bernard Hanotiau (Bélgica) y Christian Tomuschat (Alemania).

La representación de la Argentina en esta causa estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que hoy está presidido por una sanrafaelina, Angelina Abbona. La letrada estuvo acompañada de técnicos de ese organismo entre los que se destacan Gabriel Bottini, Romina Mercado, Javier Pargament y Diego Gosis.

Por Mendoza estuvieron presentes Abel Albarracín, Giancarlo Spinetta por Fiscalía de Estado y Aldo Rodríguez Salas, por Asesoría de Gobierno. Además, se solicitó la participación del presidente del EPAS, Javier Montoro.

Q uienes declararon fueron José Luis Puliafito, presidente del EPAS hasta 1999 y director de AySaM; Oscar Vélez, presidente de OSM SE y vicepresidente de OSM SA hasta 1998; Carlos Ignacio Masini, asesor legal Ministerio de Infraestructura; Darío Hernández, gerente del Epas y Eduardo Ratti secretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, quien participó de las medidas de emergencia económica dictadas en 2002.

Por Saur se presentaron José Manuel Calderero (director General de OSM 1999-2003), Michel Fourré (presidente de OSM desde diciembre de 2008 y director de Saur), mientras que Jean François Talbot (director general de Saur en 1997) no asistió y tampoco justificó su ausencia.

Tras una exposición minuciosa de los incumplimientos por parte de OSM, la Procuraduría General de la Nación solicitó: que declare que el Tribunal no tiene competencia y el CIADI no tiene jurisdicción respecto del reclamo; subsidiariamente, que rechace todas y cada una de las pretensiones de la demandante; y que ordene a la demandante pagar todos los gastos y las costas que surjan de este procedimiento arbitral.