En la calle más boliviana de Villa El Libertador, Arani, está el colegio San José Obrero. La escuela recibe un subsidio estatal para afrontar el ciento por ciento de sus gastos. Pese a la asistencia financiera, cada chico tiene que pagar 70 pesos mensuales. No es mucho, pero tampoco poco. Sus 600 alumnos son todos de la barriada. Del total de estudiantes anotados, 73 son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). De ellos, sólo uno está becado por el establecimiento.

En el San José Obrero, como en muchos colegios ubicados en zonas populares de la ciudad, se ha dado una paradoja: pibes que reciben la AUH deben pagar para asistir a clases, haciendo un pasamanos del subsidio nacional para depositarlo en la caja de la escuela, que ya recibe fondos de la Provincia.

Ante esta situación, considerada injusta por el Gobierno Nacional, en setiembre se comenzaron a caer las asignaciones para los chicos que van a coles privados. Por la queja de los gobernadores, Cristina dio marcha atrás: ratificó que todos la cobrarán este año, pero anticipó que habrá un análisis minucioso de cada caso. A este trabajo está abocado el cuerpo de inspectores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Delegación Córdoba.

Fue precisamente en el San José Obrero donde los funcionarios de la Anses iniciaron la semana pasada el análisis “caso por caso” del padrón de beneficiarios de la AUH que asisten a colegios privados. Las inspecciones empezaron por los coles privados ubicados en barriadas pobres de la ciudad de Córdoba: Villa Urquiza, Acosta y Yofre sur, entre otros.

Con los datos que recabe la Anses, el Estado Nacional podrá hacer una matriz del sistema educativo que manejan prestadores privados. Luego definirá a qué chico que asiste a un colegio pago se le depositará la asignación el año que viene. Para quienes van al sistema público no habrá cambios.

Caso por Caso. Día a Día pudo conocer de parte de los directivos de los establecimientos que el operativo de verificación de datos había comenzado. Luego, desde la oficina regional del organismo nacional confirmaron que arrancó la semana pasada en todo el país.

Todavía no se sabe cuál será la decisión sobre el futuro de la asignación para este universo de chicos. Pese al hermetismo, Mónica Gutiérrez, la gerenta de la Anses en Córdoba, anticipó que los datos recogidos serán clave para ese análisis: “Esta radiografía de la situación de las escuelas privadas en cada provincia y de los niños que concurren a ellas cobrando AUH, permitirá un análisis y la toma de decisiones fundamentadas”.

“El estudio que estamos haciendo tiene valor en sí mismo porque pondremos negro sobre blanco en esta cuestión y además porque el Estado cumple su función de controlar la implementación de una prestación como la AUH, de modo que llegue a quienes realmente la necesitan”, señaló la funcionaria nacional.

En la primera semana, los inspectores de la Anses recorrieron colegios ubicados en barriadas populares de la ciudad y en el Gran Córdoba. También se hicieron operativos en el interior: en Villa María y Villa de Soto. Antes de que el año termine, deberán visitar más de 450 escuelas privadas en toda la provincia.

A cada colegio, los funcionarios de la Anses llegan con el listado de beneficiarios de la AUH que asisten, para que la revisión sea “minuciosa”. Una vez que finalice este censo, los datos serán remitidos a Buenos Aires. Allí se tomará la decisión final sobre la asignación para estos casos. Hasta tanto, la Anses no proporcionará información sobre el contexto de cada colegio.

Aunque el Ministerio de Educación de la Provincia envió a la mayoría de los establecimientos privados comunicados requiriendo información a los beneficiarios de la AUH, desde la Anses aclararon que los únicos habilitados para realizar inspecciones respecto de este beneficio son los funcionarios de este organismo nacional.

En este sentido, vale aclarar que la información es requerida a las autoridades escolares, no a los padres o alumnos. “La Presidenta ha decidido que el relevamiento y el análisis lo lleve a cabo la Anses, y con estos datos se tomarán las decisiones que correspondan, más allá de cualquier oportunismo”, dijo Gutiérrez.

Los inspectores revisan los libros contables y registros de matriculación. Entre otros puntos, en cada colegio se buscan los siguientes datos: cantidad de alumnos matriculados, subvención estatal que reciben, monto de la cuota, número de chicos becados (si los hubiere) y qué otros servicios educativos hay en la zona.

En el trasfondo de las inspecciones están las millonarias partidas que maneja el sistema educativo provincial de gestión privada. Durante 2010, la Provincia otorgará a estos colegios subsidios (para sueldos) por unos 900 millones de pesos. A esto se suma lo recaudado por las cuotas, un monto nunca precisado.