De acuerdo a un comunicado de prensa emitido ayer por ese organismo, la Justicia investiga el accionar de los profesionales involucrados, quienes efectuaban gestiones jubilatorias a partir de “documentación adulterada para obtener los beneficios”.

Previo a la instancia estrictamente judicial, comenzó una investigación por parte de la Gerencia de Investigaciones Especiales de la entidad estatal. Como resultado de esas averiguaciones, ANSeS determinó dar de baja 183 trámites irregulares de jubilaciones provenientes de Luján e iniciados en Mercedes, que habían sido promovidos con documentación adulterada.

En el comunicado acercado a este medio, el director Ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, expresó que “constantemente se efectúan estrictos controles sobre las prestaciones de ANSeS. La jubilación es un derecho de los argentinos, al que tienen acceso aquellos que aportaron al Sistema Previsional y cumplen las condiciones requeridas de edad. No vamos a dejar que algunos vivos pretendan acceder a algo que les corresponde a los que trabajaron duro durante toda su vida”.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima sobre la adulteración de la fecha de nacimiento de una supuesta beneficiaria, que pretendía acceder a los requisitos de edad para obtener su jubilación.

Luego de analizado su caso a través de los sistemas informáticos de ANSeS, y de verificar varios trámites similares, surgió un listado de 183 beneficios jubilatorios cuyos titulares también habían presentado documentación apócrifa. Todas las gestiones habían sido llevadas a cabo a través del mismo estudio de abogados.

Por eso, ANSeS procedió a la baja de los 183 beneficios, así como también presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Mercedes. En el mismo sentido, el comunicado aclara que “se procedió a suspender preventivamente de la base de abogados y gestores de ANSeS a los profesionales por estos casos de fraude, hasta que la Justicia determine su participación en los ilícitos”.

Bossio agregó que “ANSeS es un organismo moderno, que utiliza la tecnología para favorecer a sus beneficiarios, tanto para realizar trámites como para poder detectar casos de fraude”.

LA METODOLOGÍA

Fuentes consultadas por EL CIVISMO dijeron que en la práctica el número de personas afectadas por esta metodología superaría los 800 casos, aunque la mayoría de ellos aún no fueron denunciados formalmente.

A su vez trascendió que el estudio de abogados ahora investigado por la Justicia mercedina aseguraba a sus clientes la obtención rápida del beneficio jubilatoria. Esa publicidad encontraba mayor recepción entre aquellas personas que por distintas cuestiones -por ejemplo, poseer una insuficiente cantidad de años de aportes-, tenían dificultades en sus aspiraciones de lograr la jubilación.

El dinero retroactivo generado entre el inicio del trámite y su efectivización quedaba en manos de los abogados, además de un desembolso para cubrir los gastos surgidos al comienzo de la etapa administrativa. Los nuevos beneficiarios cobraban la jubilación durante algunos meses hasta que el beneficio quedaba suspendido debido a las irregularidades presentes en la gestación de esas jubilaciones. A partir de ahí, aquellos vecinos que de buena fe habían confiado en los servicios de los abogados se encontraban absolutamente desamparados.