Promediando las 10,30 de ayer, a la plaza de Angaco llegó la policía y un oficial de Justicia con la orden de una jueza, en respuesta a dos denuncias municipales, de levantar la mesa y silla y secuestrar las planillas en poder de tres personas que se identificaron como del Movimiento Social Independiente Vivienda y Progreso y que estuvieron el jueves, el viernes y ayer registrando a personas con interés en la casa propia. Sin mayores resistencias, se completó el operativo. Los sacaron porque no tenían autorización para poner un stand de esas características en la vía pública, porque "daban a entender como que eran del municipio" y porque la organización no tiene personería jurídica que la avale. Al menos, así lo contó el oficial principal David Carbajal, de la comisaría 20ma.

Fue un episodio más en el polémico reparto de casas de Angaco, que puso en el tapete el malestar de algunos vecinos -del mismo grupo que se vio ayer en la plaza- que se quejaron porque los concejales, el intendente y el diputado departamental eligieron a los adjudicatarios de las 100 viviendas que se entregaron hace cinco meses y entre los beneficiarios hay familiares directos de los políticos. Después de eso, vinieron las reprimendas de José Luis Gioja por las expresiones el intendente Víctor Fernández acerca de cómo se hacía el reparto, sobre todo porque el jefe comunal dijo que creía que en el barrio se habían reservado dos viviendas para que el gobernador cumpliera con sus compromisos.

Los que estaban en la plaza eran Tamara Murciano, Juan Verón y Soledad Fernández. Dijeron a este diario que sólo querían hacer un registro de angaqueros con necesidades de casas y baños para entregarle al municipio, al gobernador y al IPV con la idea de que consten los verdaderos requerimientos de la comuna para futuras entregas, ya que no confían en los manejos políticos del intendente.

"Les preguntamos el nombre, el grupo familiar, si son casados, si necesitan casa o sólo baño y el número de teléfono para contactarlos. Hasta que nos sacaron habíamos anotado 416 familias", aseguró Murciano. Según ella, representan a unas 25 familias sin casa, las mismas que se quejaron cuando estalló el escándalo el mes pasado y reconoció que no tienen personería sino que es una simple organización vecinal "de gente con necesidades no sólo de casas, que buscamos conseguir cosas". Murciano dijo que es madre soltera y que vive en una casa que le usurpó al presidente del Concejo Deliberante Carlos Molina en el barrio El Bosque. Verón aseguró que vive en un rancho con 6 hijos, uno de ellos con esclerosis múltiple.

El intendente Fernández dijo a este diario que él atribuye todo el accionar del grupo a una maniobra política y que no puede cumplir con la demanda: "Acá tenemos 700 familias sin casa". Y repitió que el reparto de unas 178 viviendas que se viene será por sorteo.