La pueblada que siguió al desalojo violento de la asamblea ambientalista instalada hace dos meses a la vera del camino comunero que lleva hacia Agua Rica fue el epílogo de un conflicto que fue en ascenso, ante la indiferencia y falta de respuestas conciliatorias del Gobierno.La tensión y la división al interior de la comunidad andalgalense comenzó a hacerse cada vez más patente desde que los Vecinos por la Vida decidieron apostarse -el 14 de diciembre pasado- en el camino hacia Agua Rica para bloquear el tránsito de los vehículos que tuvieran ese destino.
El No a Agua Rica se sumó a la preocupación que generó un informe de la Secretaría de Minería de la Provincia en el que decía que el subsuelo de la ciudad había sido concedido a una multinacional para que explorara su riqueza minera. Posteriormente, el juez de Minas Raúl Cerda aclaró que la inclusión de Andalgalá en Pilciao 16 había sido un error y que ya se había subsanado. Además, aclaró que el Código de Minería prohíbe realizar actividades mineras en zonas urbanas.
Después vinieron marchas y contramarchas a favor y en contra de la minería. También una serie de denuncias de gente que se sentía perjudicada por el bloqueo antiminero. Del otro lado, los ambientalistas presentaron un amparo para frenar el proyecto minero que aún está sin resolverse. En el medio, se conformó una mesa prominera que impulsan proveedores y el mismo intendente, José Perea para defender la actividad.
Los sucesos de ayer son el resultado de un enfrentamiento social que a las autoridades se les fue de las manos.
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