La tensión por el conflicto minero recrudece en Andalgalá, donde se desarrolla una escalada de acusaciones cruzadas entre los pro-mineros y ambientalistas que se oponen a la actividad. Se radicaron varias denuncias por supuestos hechos de violencia, pero aún no hubo acciones de la justicia.

Ayer, Andrés Starensich, un trabajador de la firma Don Lucio, que hace servicio de catering para Minera Alumbrera, denunció que personas desconocidas arrojaron una bomba "molotov" contra su casa. Según comentó, el artefacto incendiario entró por una de las ventanas de la vivienda, donde dormían él, su mujer y su hijo.

La madrugada de ayer lo sorprendió con el grito de su mujer tras un fuerte estruendo que provenía de la cocina de su vivienda. “Nos encontramos con las llamas que salían de la cocina, y en el piso una botella. Ahí nos dimos cuenta de que era una bomba 'molotov' que reventó contra una pared e inició el incendio. Tuve mucho miedo porque tenemos mucha madera en la casa”, relató Starensich, quien por sus propios medios sofocó el fuego, que no pasó a mayores y solo produjo daños materiales.

“No fue solamente un atentado contra la vivienda sino contra nuestra integridad física ¿Qué hubiera pasado si no me despertaba a tiempo, o si estaba mi señora sola con el nene? Las consecuencias podrían haber sido terribles. Esto fue un atentado terrorista”, disparó.

Después del hecho, Starensich radicó la denuncia en la policía departamental, aunque aseguró que no espera soluciones de la Justicia, ya que, según expresó, en más de una oportunidad se presentaron denuncias y nunca hubo acciones concretas.

El proveedor se mostró preocupado por el clima social en la ciudad, y pidió más respeto a las personas que piensan distinto. “Esta escalada de violencia pasó de insultos a pintadas de paredes, a agresiones verbales y físicas y ahora hasta un incendio. ¿Qué va a seguir? ¿Una vida?", se preguntó.

Por su parte, ambientalistas que integran la asamblea El Algarrobo aseguran que desde el 8 de febrero, "Andalgalá está sitiada por empresarios y patotas que apoyan la actividad, en las que hay funcionarios de la Secretaría de Minería y personas con antecedentes penales", dijo Martín Musarra, quien aseguró que hay integrantes de los grupos promineros que están armados. Hicieron una denuncia, y se realizó un allanamiento en los lugares de bloqueo, con resultados negativos.

Los cortes que se mantienen en el departamento están liderados por personas afines a la minería, entre ellos de la Cámara de Proveedores Mineros. "No permiten que nadie ingrese ni salga de Andalgalá. Hay un corte total y la ciudad se mantiene incomunicada”, dijo Musarra.

"Hay persecuciones a los integrantes de la Asamblea y hasta a organismos de derechos humanos de Nación que arribaron para apoyar la causa. Estamos en un estado de alarma permanente", añadió.

Por último, consideró que el malestar se incrementa por la ausencia de autoridades del Gobierno y Judiciales.

"La fiscal Martha Nieva no responde, parece que la justicia desconoce todo lo que nos está pasando", dijo Musarra.

También cuestionaron la postura de la Gobernadora, Lucía Corpacci, por no pronunciarse tras lo sucedido la semana pasada.