El presidente de ese grupo parlamentario específico, Juan Pablo Luque, había convocado al resto de los ediles de los tres bloques que la integran, ya que por el feriado del lunes último la comisión no había atendido su agenda semanal. Si bien el organismo de contralor contable aprobó en general la ejecución presupuestaria en observación, la última de la anterior gestión del gobierno comunal, lo hizo con el apartado de una serie de observaciones sobre la carencia parcial de documentación fehaciente sobre obras ejecutadas o que habiendo sido presupuestadas no se verificaron, del sistema conocido como “Presupuesto Participativo”.

Ese mecanismo, que había instaurado la anterior gestión de gobierno, implicaba la participación de instituciones intermedias -generalmente asociaciones vecinales- para la elección mediante votación popular de los trabajos públicos que cada vecindario quería que se lleven a cabo. Se verificaron cerca de cien pequeñas obras públicas de vital interés social, pero las rutinas administrativas intermedias fueron objetadas por la actual conducción municipal y se descartó dicho sistema como mediación para que la comuna afronte trabajos de esa naturaleza. Es sobre un grupo de esas obras que el Tribunal de Cuentas emitió diversas observaciones, y que fueron ayer motivo central de análisis para los concejales del grupo revisor de cuentas, que integran además de Luque, los ediles Mario Soto, Viviana Navarro, Carlos Vargas del oficialismo; el radical Pablo Martínez, que es el vice presidente de la Comisión, y los concejales del PJ, Marcelo Rey y Alicia Dubreuil. La seriedad del tema transformó la labor prevista en comisión en prácticamente un plenario de concejales, ya que tomaron decidida participación además el presidente del bloque radical, José Gaspar; la concejal justicialista Viviana Almirón, y los asesores del cuerpo, contador Alberto Suazo, y abogado Miguel Hernández. La edil justicialista Alicia Dubreuil que fue una de las principales referentes del sistema participativo que es ahora cuestionado por el Tribunal de Cuentas, ya que era funcionaria en esa área del Ejecutivo que conducía años atrás Hugo Plunkett durante la intendencia de Martín Buzzi, aportó numerosa documentación acopiada sobre todas las tramitaciones observadas, lo que sirvió para analizar a fondo el tenor de los ítems cuestionados por el ente revisor. Vale recordar que -como todos los años-- la aprobación definitiva de la normalidad contable del funcionamiento institucional local, se da con el paso del informe final de las cuentas presupuestarias de cada ejercicio, mediante dos lecturas en sesiones especiales, una de ellas luego de una audiencia pública a la que se debe convocar dentro de los 90 días de puesto el tema en análisis final. El concejal Juan Pablo Luque, presidente de la comisión revisora de cuentas, consideró al término del encuentro que existe la voluntad de dar trámite final al tema mucho antes de los noventa días de plazo legal que establecen las normas, puesto que -en definitiva- se trata de observaciones puntuales sobre algunos trabajos públicos, que representan una fracción minúscula del volumen presupuestario total que representa el balance de la ciudad