A casi un mes de asumir la conducción de la provincia, las diferentes dependencias del gobierno de Lucía Corpacci continúan en el proceso de reorganización.

Tal es el caso de la subsecretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia. Al respecto, el funcioario a cargo, Daniel Lavatelli, indicó que por ahora en la subsecretaría “estamos en un proceso de diagnóstico y resolviendo lo inmediato, como las transiciones y las emergencias que surgieron a último momento, para más adelante largar líneas fuertes de cambios estructurales”.

En ese sentido, explicó que entre esas líneas de cambio se encuentra modificar algunas normativas vigentes. “Una de los principales cambios que debemos propiciar desde la subsecretaría es en la ley del Fondo Solidario (fondo sojero)”, expresó.

Lavatelli explicó que esta normativa tiene un anexo incluido por la provincia cuando se aprobó la ley provincial de adhesión al decreto nacional. Según señaló el funcionario, este anexo especifica en qué obras los municipios podían utilizar estas partidas, de acuerdo a la interpretación local del decreto nacional. “Entre esas especificaciones agregadas por el gobierno anterior, se encontraba por ejemplo que en obras sanitarias figuraba la construcción de comedores infantiles, que claramente son obras sociales”, indicó Lavatelli.

“Muchas veces los intendentes enviaban los proyectos para su análisis, pero siempre recibían un dictamen desfavorable porque no cumplía con lo que decía este anexo”, cuestionó el funcionario, a lo que agregó que “podría haber sido una excelente obra, pero los técnicos que analizan las propuestas no podían encausarla en lo que decía la ley y finalmente la rechazaban”.

El subsecretario explicó que “modificando esta ley y dando un mayor margen de acción a los intendentes, siempre y cuando esas obras sean con un beneficio directo a los ciudadanos, nosotros vamos a poder agilizar la aprobación de los proyectos presentados por las comunas”.

No obstante, Lavatelli indicó que la ley de adhesión al Fondo Sojero no es la única normativa que debería ser analizada para su modificación, sino que existen otros casos como la norma que establece el Desarrollo Municipal y la de regalías mineras.

“Hay que dialogar con los intendentes para llevar adelante estos cambios”, señaló el funcionario agregando que “en esa línea, la provincia tiene que apuntar a una política en común con los jefes comunales para entablar políticas de Estado que beneficie social, cultural y económicamente a la sociedad en general”.

“Todos los cambios que intentemos llevar adelante desde la provincia, queremos que los intendentes se integren”, agregó.