Que el sistema tuvo serias deficiencias no es nada nuevo, y que el operador técnico se aprovechó de la falta de controles, tampoco. Así, a pesar de la existencia de un ente regulador para la prestación de aguas y cloacas que lleva más de 15 años en danza, los operadores técnicos de la ex Obras Sanitarias hicieron lo que les pareció o lo que les permitieron. Ahora, la reestatización es un hecho, y el gran interrogante que se plantea el Gobierno es cómo hacer para fortalecer el control y que esto no vuelva a suceder. Por eso, el viernes, el titular del ente de control presentó su plan al gobernador, que incluye desde un refuerzo de presupuesto de 10 millones de pesos hasta la necesidad de incorporar empleados y atribuciones a través de una ley.

El organismo que propone Javier Montoro se llamaría Administración Provincial de Saneamiento (APS) y muestra similitudes con la Agencia de Planificación (Apla), creada en Buenos Aires en el 2006 para controlar a Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AYSA), la empresa del Estado que Néstor Kirchner creó para quitarle el contrato a Aguas Argentinas, tras comprobarse reiterados incumplimientos. El plan que presentó Montoro y que ahora deberá revisar Jaque fue explicado por el vicepresidente del organismo, Edgard Núñez, a El Sol. El técnico explicó que habría que generar nuevas instancias de discusión para reformar la norma 6.044, la denominada Ley de Aguas, que dio origen al organismo.

Incluso, sostuvo que hasta ahora las miradas estuvieron puestas en la empresa, pero el EPAS debe controlar la calidad de la prestación en 102 escuelas que tienen perforaciones propias y en los tres municipios que prestan el servicio de manera independiente, además de los operadores rurales. Para que la Administración Provincial de Saneamiento funcione hacen falta 13 millones de pesos anuales, esto es 8 para funcionar (administración y sueldos) y 5 millones más para cuestiones operativas, y esto sin contar las obras. A modo de ejemplo, una bomba cuesta entre 25 a 35 mil pesos, y una perforación para abastecer zonas rurales ronda los 800 mil pesos, graficó Núñez para sostener el porqué se necesitarían 5 millones. El ente cuenta hoy con 46 empleados de planta, 6 contratados y 5 inspectores eventuales.

Si bien para funcionar en el 2010 pidieron 3 millones de pesos, la Legislatura les autorizó 1,5, aunque ahora confían en recibir un refuerzo presupuestario antes de llegar a fin de año. Por eso es que lo que se necesitaría para que la APS opere serían nada menos que 10 millones de pesos más. Además, el ente deberá funcionar como residual, y aunque aseguran no tener un listado de los morosos, extraoficialmente se supo que se está depurando la nómina y es millonaria, porque la empresa presentaba un sistema de cobranzas ineficiente.

El modelo que propone Montoro es similar al de la Agencia de Planificación de Aguas y Saneamientos Argentinos (Apla), que es el ente controlante en Capital Federal y se creó cuando Néstor Kirchner decidió dar por terminada las concesiones sin control otorgadas en la década menemista. A través del decreto 303/2006 begin_of_the_skype_highlighting 303/2006 end_of_the_skype_highlighting se rescindió el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Aguas Argentinas SA, por culpa del concesionario. El mismo día se constituyó AYSA. Poco después se disolvió el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), creándose la Agencia de Planificación y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

A partir de ahora, Celso Jaque tiene un nuevo reto, el de definir quién dirigirá ese ente y si la cuestión pasa por una conducción política o técnica. Ejemplos de fracasos sobran en la provincia: el EPAS estuvo conducido por políticos y sus decisiones se sometieron al concedente. Pero también vino el modelo de la segunda gran privatización de los servicios en Mendoza: el Ente Provincial Regulador Eléctrico. Comandando por un técnico que no coordina tareas con el Ejecutivo, y por eso se le busca desesperadamente una cabeza política que sea capaz de caminar al compás de la decisión política. Lo que resta ahora es hallar el camino del éxito en el control de los servicios públicos que merecen los usuarios.

Diputados daría aval para financiar Aysam

Los 35 millones de pesos de financiamiento inicial para Agua y Saneamiento Mendoza, más 14 en concepto de obras de emergencia, estarían asegurados en la Cámara de Diputados, según se desprendió de la reunión mantenida por las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas –presididas por Raúl Rodríguez (PJ) y Roberto Blanco (UP)–, con el titular de la nueva empresa de aguas, Rolando Baldasso. Liliana Vietti (UCR), Roberto Blanco (UP) y Antonio Spezia (PD) sugirieron eliminar el artículo 4 y dejar su discusión para más adelante, en oportunidad del tratamiento del pedido de refuerzo presupuestario por $250 millones.