Desde la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía llamaron a una conferencia de prensa para denunciar nuevamente problemas económicos debido a los atrasos en los pagos del Gobierno para con la organización.

Paulo Velázquez, presidente de la misma, pidió que “no se nos falte más el respeto y se cumpla con lo pactado, porque detrás de esto hay 70.000 personas que hacemos la verdadera economía social”.

Hay que recordar que hace dos meses se firmó un cronograma de pagos con el Ministerio de Economía para ir saldando paulatinamente la deuda, que en ese momento ascendía a unos diez millones de pesos, en siete cuotas, pacto que por el momento se está cumpliendo según lo comunicó Velázquez, “pero desde que lo firmamos ya estamos atrasados en dos meses, lo que significan más de cinco millones de pesos”, aseveró preocupado.

Más crítica es la situación, ya que otras mutuales están en idéntica problemática, como la Mutual de la Caja de Servicios Sociales cuya deuda ascendería a más de 22 millones de pesos y el Círculo Policial con unos 7 millones, aunque esta semana acordó con el ministro Ivovich una cancelación de pagos.

“Sólo pedimos un compromiso serio y que se cumpla” sostuvo Velázquez, dando cuenta de la continuidad de las prestaciones a todos los afiliados, aunque el grado de situación obligaría a que las mismas se corten en cualquier momento, “y no queremos llegar a ello”. Sostuvo además que “el remanente que queda todos los años vuelve a los afiliados en distintos beneficios”.

Tras el pacto con el ministro, las autoridades de AMSA reanudaron la cadena de pagos a sus proveedores y procedieron a la cancelación de obligaciones, por lo que en su economía se ha vuelto a producir un bache, “ya que con lo actual y la deuda financiado son casi 16 millones de pesos que nos deben”. Estas complicaciones llevaron a que las autoridades de AMSA debieran liquidar los haberes a sus 66 empleados el día 24.

“Asimismo queremos destacar que como federación estamos pagando un canon del 3% a la provincia por algo que ellos no cumplen, por este proceso se pagaron a la provincia cerca de $ 700.000”, manifestó.

Dolido aseveró que “nos llama poderosamente la atención que no se nos tome en forma seria, nosotros seguimos apostando a las autoridades provinciales pero ellos no lo retribuyen”, agregando que “ya no entendemos nada, porque sólo en atención médica nosotros le hacemos ahorrar al Estado cerca de 80 millones de pesos que debería invertir en el hospital público”.