El Cronista anticipó ayer que un juez había pedido datos personales sobre los periodistas de varios diarios que informan sobre la inflación y la repercusión generó advertencias de Adepa (la Asociación de Editores); Fopea (el Foro de Periodistas); críticas constructivas en la prensa (que resume en página 16 el periodista Hugo Grimaldi, director de Agencia Dyn) y el rechazo de los diputados de la Comisión de Libertad y Expresión, quienes expresaron su preocupación en rueda de prensa (ver pág. 3).

Desde el juzgado que tomó la medida trascendió que esos datos sólo se piden para poder citar a los periodistas como testigos y no como imputados de publicar con amplitud todas las estimaciones de la inflación: las que hace el Gobierno, a través del Indec, y las que hacen las consultoras privadas, universidades y el Congreso.

Más que preocuparse por los domicilios, los teléfonos y los contactos de los periodistas, que nada aportan a la discusión de cómo debe estimarse la inflación, fiscales y jueces deberían velar porque a la sociedad le llegue toda la información que afecta su economía y no sólo los datos que dan a conocer los gobiernos de turno.