Así es como el oficialismo en la Cámara alta le regaló al gobernador Francisco Pérez una sanción con amplio consenso. La semana que viene sería el turno de los diputados, quienes ya vieron pasar esa iniciativa a la que el Senado le introdujo tantas modificaciones que ya no es la misma.

El debate no fue tal tampoco. Apenas una pequeña escaramuza por la dura publicación del fin de semana realizada por el PD y por la que algún legislador aislado hizo saber su malestar. Apenas una respuesta a la posición demócrata respecto a la intervención del Estado en el mercado, que está "donde los privados no van por falta de rentabilidad", al decir de Sergio Moralejo (UCR). Pero todo fue apenas, incluso de manifestaciones a favor y en contra de la ley, porque hubo un puñado de manifestantes antimineros y algo más de militantes kirchneristas, un poco de ruido, un poco de cantos, algún chiflido aislado y nada más.

El tratamiento demoró. Según cuentan, el sueño del Gobernador era poder tener la sanción definitiva antes del primero de mayo pero el Senado recién la votó ayer. Sin embargo, llegó con amplio respaldo incluso de los renuentes radicales, que después de la expropiación de YPF entraron en duda con respecto al sentido de la empresa provincial de energía con una petrolera nacional de la que Mendoza es socia.

Consideraciones

Pero, tal como acordaron el lunes, los radicales dieron el voto afirmativo con dos modificaciones de última hora: una, no aceptaron lugares en el directorio de la futura empresa y sí pidieron presencia de los dos partidos de la oposición en la sindicatura, es decir en el órgano de control interno previsto en la ley. La otra, una clara limitación a las actividades mineras en el texto, para evacuar cualquier duda respecto de la reapertura de Sierra Pintada.

"Está excluida la minería y si no hay minería, no hay uranio, porque según dice el Código Minero, el uranio es un mineral", exclamó Juan Carlos Jaliff y se ganó el aplauso de los antimineros.

Hechas estas dos salvedades, que fueron aceptadas por el oficialismo, el radicalismo fue más efusivo defensor del proyecto que el propio oficialismo. Incluso Jaliff dijo que "el PJ acompaña al radicalismo en esta ley", atentos a que la primera iniciativa sobre este particular llegó a la Legislatura en la gobernación de Julio Cobos.

Así es que el senador Fernando Simón presentó los diferentes aspectos que incluye el texto consensuado, diciendo que la empresa es una "herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda direccionar la política energética" de Mendoza.

Y el PD, tal como había manifestado en la solicitada que publicó en los medios gráficos el fin de semana que pasó, mantuvo su negativa a acompañar porque adujo cuestiones ideológicas (el Estado no debe intervenir en el mercado), pero también porque la política energética debe ser una discusión previa a la de la empresa y no que la empresa sea la política energética. "La empresa es innecesaria, sus objetivos pueden cumplirse sin ella y se evita la superposición de funciones" con organismos del Poder Ejecutivo, dijo Aguinaga y se ganó el también tímido chiflido de los militantes kirchneristas.

Además, el senador indicó que el PD pidió limitaciones a los sueldos de los directivos con el tope en el salario del Gobernador; selección de sus autoridades por concurso público y limitación de la cantidad de personal y que ninguno de estos aportes fueron tomados en cuenta.

Para el anecdotario quedó la exposición del presidente del bloque PJ, Ignacio Ortigala. Largo y leído de corrido, muy rápido y fustigando la era de las privatizaciones, sin mencionar siquiera que el líder espiritual de las concesiones fue el ex presidente justicialista Carlos Saúl Menem.