La idea generó rápidamente controversias entre los concejales y marcó nítidamente una cancha donde por un lado se alinearon los ediles y por el otro los jefes comunales.

El gobernador Insfran jamás tomó una decisión política que ayude a los empleados municipales de toda la provincia a abandonar el escenario de trabajadores públicos de tercera que ostentan. La distancia entre lo que percibe un trabajador de la administración provincial y otro comunal es tan significativa que resulta inexorable establecer una lamentable escala donde estos últimos ocupan la puerta trasera.

Lanzado el último aumento salarial para los estatales, los intendentes se encontraron con la necesidad política de acompañar el decreto de Insfran. Al recorte que vienen padeciendo en los últimos meses los envíos de la administración provincial generando despidos en varios pueblos y reclamos airados, los intendentes se ven también con la sobrecarga de tener que aumentar los miserables sueldos de sus empleados.

Acostumbrado a asesorar directamente y que sus palabras sean ejecutadas, el ministro de la Secretaría General Antonio ?Malevo? Ferreyra aparece como el exclusivo responsable de la disminución de los montos coparticipables. ?Es que las elecciones de octubre tuvieron una sobrecarga muy significativa y de alguna manera hubo que recuperar el dinero de más?, aseguran al unísono varios funcionarios cercanos al superministro, en sintonía con punteros peronistas encarados de manejar los dineros públicos usados para captar voluntades y confirmar a Insfran para otro período.

Mientras no terminan de lidiar con sus propios compoblanos, echados de la Comuna e intentando bajarle los decibeles a aquellos grupos que protestan en una ruta o frente a la sede municipal, los intendentes quieren otorgar un aumento para alinearse al decreto del gobernador de la semana pasada.

Sin embargo, nada hace presagiar una decisión política en lo más alto del poder. Tendrán que seguir arreglándose solos.

Empero, terció una nueva idea del jefe de los ministros: pretende que cada Departamento Ejecutivo reciba ahora un 85% de la coparticipación y el resto quede en manos de los concejales, con lo que unos se benefician con un 5% y los otros pierden ese porcentaje.

Conocida la mala nueva, se levantaron las voces de condena hacia una elucubración mucho más emparentada con una novela de ficción que a una decisión política acorde a un escenario de crisis.

El intendente de una de las localidades más importantes del sur provincial había expresado públicamente una opción que fue tomada de mala manera por diferentes concejales en todo el territorio provincial: la disminución de la llegada de coparticipación a los diferentes consejos deliberantes con el fin de generar un ahorro que permita obtener más recursos para enfrentar los diferentes gastos que tiene cada municipio.

Al ser consultada por El Comercial, la concejal justicialista de Clorinda, Angélica García, afirmo que ?el Concejo Deliberante no puede ser la variable de ajuste ante esta situación?, dijo refiriéndose a la propuesta de Brignole de reducir en 5 puntos la coparticipación que llega actualmente a los CD de las diferentes localidades para poder pagar el aumento salarial dispuesto por el gobierno provincial.

?Con ese porcentaje no se puede pagar dicho aumento, sería una pelea entre pobres?, dijo la legisladora quien manifestó que los concejales tienen tanto compromiso como los tiene el municipio.

?Las limitaciones del poder Legislativo hablan por sí mismos?, expresó la legisladora que se mostró decepcionada por la no convocatoria de los concejales para que éstos puedan tomar palabra y opinar sobre el manejo de los números de la municipalidad.

Mientras crece el debate y el malestar por la idea del ?Malevo?, para muchos las actuales son las últimas horas de coordinador del oscuro funcionario, apostando a la inserción de un poco conocido abogado al frente de la recientemente creada jefatura de Gabinete.