Con 28 votos positivos sobre 31 legisladores presentes, la Cámara de Diputados del Chaco sancionó en general el proyecto impulsado por el poder Ejecutivo. También se aprobó el proyecto de "policía judicial".
La norma, de 170 artículos, recibió un pormenorizado análisis a lo largo del ultimo mes, a partir de la apertura de la Cámara de Diputados a la participación de distintos sectores en varias reuniones que se realizaron en la ciudad de Resistencia en dos oportunidades y una en la ciudad de Quitilipi llevando la iniciativa al interior provincial, ocasión en que participaron los intendentes y concejales de los municipios chaqueños.
El Presidente de la Legislatura Eduardo Aguilar quien agradeció a todos los bloques por el respaldo a la normativa a la vez que reivindicó el proceso de discusión que tuvo el proyecto, destacando: “nos ha permitido tomar contacto con especialistas, con intendentes y concejales y con todos los sectores de la sociedad organizada, que participaron en una jornada abierta que realizamos en este recinto el jueves pasado. El proceso de discusión fue muy fructífero, los bloque han hecho aportes artículo por artículo, los hemos podidos conversar, en un intercambio que nos permitió aceptar gran parte de ellos y hemos disentido con otros"
Aguilar afirmó: "Este es un momento muy importante: estamos saldando una deuda de la política y de la democracia, que durante mucho tiempo dejó los temas de seguridad y la policía bajo la alfombra”.
El Presidente recordó que “desde el regreso de la democracia, hubo una suerte de pacto implícito, por el cual la política no avanzaba en estos temas de la policía, a condición de que no se generen grandes escándalos de seguridad. Pero la sensación de la gente va por otro lado, y nos dice que no podemos seguir haciéndonos los distraídos en este tema"
“Esta ley - resaltó - tiene un espíritu que es plenamente reconciliable con el Acuerdo por la Seguridad Democrática, que ha sido firmado por todos los partidos políticos y pone bajo control político cuatro aspectos de funcionamiento de la policía: control de presupuesto, ascensos, sanción a las infracciones y el control a las actividades de inteligencia. Esto no puede estar fuera de un control democrático y político, y es fundamental para generar una reorganización del sistema de seguridad".
Como conclusión Aguilar afirmó: “es un avance central que a estos controles los haga no solo el Ejecutivo, sino con una amplísima participación parlamentaria. Quiero reivindicar que ese es el espíritu con el que el Poder Ejecutivo presenta esta iniciativa y que es una discusión en la que tenemos que evitar las falsas antinomias, sabemos que no va a haber solución sin mas presupuesto para la seguridad, sabemos que no va a haber solución sin una reorganización de la fuerza policial y sabemos que tampoco habrá solución sin mayor participación comunitaria. Con estos tres pilares, tenemos que lograr una sociedad mas segura, mas libre, mas democrática y mas participativa"
El debate
Un largo debate se produjo al momento del tratamiento del proyecto, ocasión en que los diputados coincidieron en destacar la importancia que adquiere el tema seguridad, en ese sentido, los legisladores de las distintas bancadas se manifestaron sobre este tema con argumentos contundentes donde dejaron sentadas sus opiniones sobre la problemática de la seguridad, no obstante también manifestaron sus disidencias en relación al proyecto puesto a consideración del plenario del Cuerpo Legislativo.
El titular de la Comisión de Legislación General, el justicialista Martín Nievas abrió el debate y destacó el trabajo realizado en torno a esta iniciativa del Poder Ejecutivo “que pretende ser la matriz desde el punto de vista del abordaje de la seguridad y la Legislatura que se hace eco de la preocupación que la sintetizamos en dos puntos: por un lado pretende evitar caer en lugares comunes, desde donde hay voces que dicen situados desde la vereda opuesta que dicen que el problema de la seguridad se resuelve cuando las causas económicos y sociales empiecen a retroceder, producto de políticas claras del gobierno en sentido de ir logrando una mayor inclusión”.
El diputado puso de relieve que este proyecto viene sin desconocer esta preocupación “esta causa profunda, reconociendo la cuestión económica y social, pretende ser una ley madre que nos convoca a todos, no solo a un resorte exclusivo del Ejecutivo, sino que convoca al Poder Judicial, al Legislativo, a los municipios y que nos dice que nos hagamos cargo”.
Citando lo que prescribe el artículo 2º del proyecto, el legislador definió: “la seguridad pública es la situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente las siguientes libertades y derechos: a defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica, cultural y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado, a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos, garantías y libertades emanadas de la Constitución de la provincia del Chaco, a la vigencia plena de las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano. A esos efectos, la seguridad pública comprende el conjunto de las acciones institucionales y sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios del orden público dentro del ámbito provincial”.
Nievas también hizo hincapié en las cuestiones novedosas que abrieron el debate a la sociedad “hemos intentando darle la mayor oportunidad al pueblo para que pueda intervenir, que venga a enriquecer este proyecto, rescato lo que provocó mayor fricción y es la creación definitiva de un órgano que se encargue de la cuestión de seguridad como es la Secretaria de Seguridad. Este es un hecho inédito como la conformación del Consejo de Seguridad en la que se le da la mayor participación a todos los actores, atento a que la intención del Gobernador ha sido obtener una gran convocatoria de decir es una preocupación de todos para que la abordemos entre todos”.
El titular del bloque Libres del Sur Carlos Martínez anunció que en pos de consensuar un texto único de la iniciativa, retiraría el dictamen que emitió desde la Comisión de Legislación General, argumentando que desde que asumió su mandato tuvo como prioridad el tema seguridad en su agenda “es una profunda satisfacción poder debatir en forma seria, responsable, elevada, las políticas públicas de seguridad. Hace tres años nosotros casi a pocos meses de ingresado a la Legislatura, nos fijamos una agenda de trabajo de diez puntos, en la que estaba la agenda por la seguridad publica democrática y acompañé el acuerdo por la seguridad democrática nacional. Hace tres años nos hemos comprometido a través de casi diez proyectos de leyes en democratizar las políticas de seguridad, terminar con la antinomia sociedad civil-sociedad policial, conducir desde la política las políticas de seguridad y comprometer a todos los poderes del Estado”.
El diputado recordó que en la consulta pública del pasado jueves que se realizó para debatir el proyecto, hubo expresiones que decían estar de acuerdo con la democratización de los policías: eso nos demostró que el debate iba llegando. Celebramos que para el Ejecutivo la seguridad sea parte imprescindible de las políticas de Estado. La seguridad de los chaqueños es garantizar la vida, la libertad, la integridad física, los derechos constitucionales”.
Tras enumerar que presentó sobre el tema 10 iniciativas y trabajó en pos de lograr la unidad del proyecto del Poder Ejecutivo, consideró que se debe “democratizar, desmilitarizar y sobre todo esto que se habla de comenzar a abandonar el cogobierno, por eso me parece positiva la creación de la Secretaria de Seguridad Pública”.
“Coincido - destacó - en la necesidad de la seguridad como tema interinstitucional y merecedor de alta incidencia comunitaria, celebramos la participación comunitaria a través de los foros, estamos de acuerdo en tener una policía mas eficiente y coincidimos en que esa eficiencia y esa calidad esta ligada a la que la policía sea un cuerpo especializado y cada día mas profesionalizado. Coincidimos con el trazo general de que el accionar policial debe entenderse como prevenir delitos sustrayéndola de cualquier tarea burocracia. El control externo fue una de las demandas que hubo de materializar en un proyecto de hace dos años, teniendo en cuenta los compromisos internacionales que asumió el Chaco y es importante la figura del Ombudsman. Todos estos capítulos han merecido una redacción ampliada de forma tal de asegurar que la policía, sus integrantes, sean respetados”.
“Vamos a acompañar en general el proyecto del Ejecutivo - aseguró Martínez - vamos a retirar el despacho alternativo porque producto de las conversaciones teníamos una gran critica. La diferencia la podíamos sintetizar: nosotros queremos que se cumplan los objetivos y para ello esta ley debe necesariamente contar con reaseguros, controles, monitoreos que la encaminen al cumplimiento real. Por supuesto que no es cierto que una vez que sancionamos la ley se va a acabar el tema de la inseguridad. Si confirmamos que como marco legal debemos hacer que esto se cumpla y por ello debemos comenzar con los mecanismos que nos permitan decir que esto va a ser distinto a lo anterior”.
“El poder Ejecutivo - recordó - ha decidió compartir la responsabilidad de las políticas con otros poderes del Estado y con la sociedad, de forma tal de abordar de forma integral la problemática pero eso merece una respuesta por parte de la Legislatura, es decir vamos a controlar, verificar que los plazos de esta reforma se cumpla, que las instituciones que están destinados a garantizar que este sistema sea diferente y superior que tenemos actualmente. Necesitamos que la participación de los foros de seguridad tengan un peso y para eso hay que elevar el nivel en lo que hace a la construcción de la ciudadanía. No puede ser un apéndice del Estado”.
Martínez añadió “debemos monitorear los cambios en la institución policial y evitar que la legislatura sea un observador pasivo de los acontecimientos. La sociedad espera que marchemos hacia nuevos modelos de agentes estatales. Nuevos modelos de policías, nuevos modelos de ciudadanos que participen y nosotros cambiaremos porque necesitamos el nuevo modelo de legislador, que no se queda de brazos cruzados viendo el producto de su trabajo y avanza con responsabilidad sabiendo que detrás de esa norma que ha sancionado esta la posibilidad de salvar vidas. Esperamos que no se deje de lado que el interés que nos guía no es otro que el bienestar del pueblo, su vida, su integridad, sus derechos”.
Desde el bloque del Ne-Par Juan José Bergia anticipó su acompañamiento en general a esta iniciativa, pero puso un toque de atención al interrogarse si lo que se iba a votar resultará útil para corregir las falencias que se observan en materia de seguridad”.
“Tenemos la certeza - sostuvo - que esta ley nos debe servir a todos y debe convertirse en una herramienta de cambio de aquellas cosas que requieren ser mejoradas. El Gobernador tuvo el propósito de brindar un marco legal integral completo y adecuado de la seguridad pública y estará en quienes se encarguen en la aplicación y de la sociedad en su conjunto evidenciar si ha servido o no a los fines previstos”.
“Estamos convencidos - afirmó - en la oportunidad que se nos da y en el contexto que este tema brinda para la sociedad, diciendo que la sociedad esta demandando un Estado con mayor presencia que intervenga con mayor vehemencia en los aspectos que hacen a la vida del ciudadano común.
El estado debe brindar soluciones a la gente, propuestas satisfactorias que pueda brindarle a la ciudadanía. Si no resultara útil esto seria en vano y el tiempo nos dirá si este instrumento es beneficioso para todos. La seguridad debe ser asumida como una política de Estado pero entre todos tenemos que velar por la seguridad”, argumentó adelantando su voto favorable al despacho realizado en base al proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial.
El jefe de la bancada aliancista Carim Peche expuso sus objeciones sobre la iniciativa considerando “todo tema que tenga por objetivo final, realizar lo mejor para la provincia es bueno. Pero al mismo tiempo hay que destacar que el tema de la inseguridad que se viene debatiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país ha estado varias veces en nuestra agenda legislativa. En el 2010 en reunión en Casa de Gobierno le dije al Gobernador que si no establece la seguridad como política de Estado, no encontrará solución. Con el tiempo, vino el 911 que advertimos que iba a ir destinado al fracaso. Y este proyecto trae como conclusión que en el tema de seguridad el gobierno no acertó”, aseveró.
El legislador sostuvo “el proyecto que hoy ingresa del Poder Ejecutivo no significa que una vez aprobado esta inseguridad se termina porque este tema de la seguridad tiene diferentes matices. No se puede tener agentes que cobran 2300 pesos”, analizó. “El tema de la inseguridad pasa por la educación - afirmó - por dotar a la fuerza de capacitación de elementos sofisticados, pasa por un montón de cosas y tenemos que dejar en claro que aprobando esto no va solucionar de la noche a la mañana el problema”.
Peche detalló que el proyecto presenta una etapa conceptual y una etapa instrumental, a la vez que consideró que “sería bueno que se integre una comisión de seguimiento de esta parte instrumental para que la Legislatura haga un control; pero la secretaria de seguridad la bajaron de rango a la subsecretaria de inseguridad - ironizó añadiendo- hay que dejar en claro cual va a ser la función que va a tener el jefe de la policía”.
“En cuanto al Consejo no se especifica que carácter tendrán los dictámenes - destacó - es importante en lo referente al Observatorio que se le den los alcances y formulación de los objetivos en base a su actividad. Hay que hablar de terminar la carrera profesional de la policía, aclarando sobre las promociones para que el policía sepa cual va a ser la fecha para su promoción e incorporación y además que se determine por ley el porcentaje anual para la seguridad”.
Finalmente, se refirió a los foros vecinales “donde hay una ley para estas organizaciones pero por experiencias ocurridas hay que determinar los alcances, como se ejercerá y a través de quien. Estamos de acuerdo en la humanización, desmilitarización bajo ninguna circunstancia puede omitirse los derechos de los policías ni su sindicalización. Valoramos que se pueda consensuar el tema de esta ley para que sea mas ventajosa para los chaqueños, pero pisando la tierra de no creer que porque aprobemos esto, el tema de la inseguridad se termina. Hay que dar una lucha tremenda, hay que reformar el código procesal, la voluntad está para debatir”.
El integrante del bloque del Frente Grande Daniel Trabalón expresó su postura de acompañar el despacho emitido por la Comisión de Legislación advirtiendo que se está “debatiendo sobre una decisión política que entendemos acertada del Ejecutivo de elaborar un proyecto pensando desde una visión integral que cambiará los paradigmas vigentes”.
“Ni esta ley ni otra resuelven los problemas de la gente - advirtió - lo que estamos tratando de dar es un marco general para abordar los problemas de seguridad desde otra óptica y que esto va a tener continuidad con otros debates relacionados con este tema. Es importante aclarar que el cambio de paradigma pasa por entender la realidad que tenemos y cual es la que se quiere construir en este tema. Hoy la sociedad es compleja, conflictiva y tiene niveles de violencia importantes, pero que también avanzo en la profundización de la democracia”.
“Hoy - remarcó - nos encontramos ante un debate que plantea que esta ley es una herramienta para abordar el problema de la inseguridad y para construir un modelo distinto: pensar la seguridad como un hecho que tiene que hacer que todos los sectores participen, el concepto de seguridad democrática. En ese marco decimos que de ese modelo autoritario pasamos a un modelo de participación democrática. Pero pensar los foros es pensar un espacio de articulación. Es importante que el observatorio sea un cambio cualitativo respecto a la mirada de seguridad porque uno de los problemas es como abordamos políticas de seguridad si no tenemos una información con respecto a cual es la complejidad, porque no hay datos estadísticos”, consideró.
Trabalón más adelante analizó que no se trata de tener más policías, sino más profesionalidad y capacitación en la fuerza “y eso es también un cambio de paradigma, no solo tiene que ser profesional, tiene que ser conducción política civil pero con una mirada distinta, con políticas de seguridad serias, despartidizando esta fuerza y esto tiene que ver con los que ocupan cargos políticos en algún momento”.
Para concluir, el legislador destacó que se debe definir la inteligencia criminal, ver que entendemos por esto y cual es el rol que tiene que tener la policía en este sentido y además el proyecto “debe integrar la participación de las comunidades indígenas y una mirada especial a la cuestión de género”, subrayó.
El referente del bloque “Bases y Principios” Jorge Luis Varisco expuso que “el tema tiene mi especial interés, tras la exposición de Marcelo Saín tengo interrogantes planteados en función de lo que es el sistema policial actualmente vigente, advirtiendo en esa ocasión que había que reservar para los chaqueños la formulación de los proyectos legislativos que hacen a la construcción de una institución como esta, sugerí que para el tratamiento de los artículos debería considerarse de manera especial y particular la experiencia de la Policía del Chaco desde los momentos de la provincialización, pretender unanimidad en algo tan complejo es difícil pero no podemos renunciar a que sobre ciertos conceptos no tengamos la misma visión”.
“Frente a lo que vemos en los medios - enfatizó - el tema de la seguridad es realmente un tema grave para toda la Argentina y ese despertar delictivo se despertó cuando se hizo uso de la legislación sobre derechos humanos. La seguridad individual está íntimamente ligada a los derechos humanos y estamos distinguiendo la seguridad colectiva de la seguridad pública. La seguridad individual para el ser humano es todo. No se imagina la vigencia de un derecho humano si no hay garantías. Nuestra Constitución consagra el respeto inalienable de la seguridad individual, la construcción de la seguridad pública es mas bien una política”.
El diputado Sergio Vallejos propuso “in voce” el mantenimiento en cartera de la iniciativa explicando que “el tema de la inseguridad es un problema devenido de otros grandes problemas y que requiere un urgente tratamiento por parte nuestra, porque es un reclamo social. Desde la Alianza planteamos la falta de una política de seguridad”.
“El primer error - expresó - que se comete es poner en cabeza del jefe de la policía el problema, como si vamos a solucionar el tema haciendo cambios estructurales. Hay muchos organismos que tienen mucho que decir y tienen mucho que ver como la escuela, la familia”, añadiendo “todos queremos una policía democrática eficiente, eficaz, moderna, comprometida con la democracia y acompañaremos lo que sea en beneficio de nuestro comprovincianos, pero no nos tienen que pedir que en tiempo record aprobemos este proyecto que se cambia a cada rato el despacho”.
El diputado aliancista Luis Verdún consideró que el tiempo de análisis de la iniciativa es insuficiente, pero pese a ello darán su respaldo al dictamen del proyecto y a la vez reflexionó que hay que analizar el alcance del concepto de seguridad como el conjunto de factores que garanticen el normal desempeño de las personas en la sociedad. “No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que la delincuencia, la corrupción tiene origen en factores económicos, políticos, sociales y culturales. Es necesario un cambio paradigmático en la seguridad, de manera tal de ir progresando en los avances y las transformaciones que los buenos tiempos nos señalan”, argumentó.
Más adelante, el legislador consideró necesario una actualización de la normativa pertinente y responsabilizó al Ejecutivo “por las consecuencias de una ley que le quita facultades y poderes a la fuerza policial, toda iniciativa es interesante, porque no se puede politizar el tema de la inseguridad y no podemos culpar a un solo organismo como se pretende en esta propuesta. Toda institución en democracia ha caído en crisis, pero no se puede culpar de esta crisis a un solo organismo, en todo caso hay que darles las herramientas para que pueda salir de esta crisis”, no obstante estas consideraciones manifestó su acompañamiento en general a la iniciativa del Ejecutivo.
El diputado del bloque de la alianza Marcelo Castelán marcó que desde esa bancada se pide una semana más en comisión para aprobar este proyecto y que si se aprobaba se los haría en general y que se necesitará para el tratamiento en particular otra sesión porque hay temas en revisión.
“Para no incurrir en reiteraciones, además de analizar la organización de la estructura policial y codiciar los paradigmas el instituto de formación y ampliar la participación ciudadanos de los foros que ya están, y la intervención de los observatorios previstos, el análisis de la seguridad requiere soluciones que son clásicas que podamos avanzar con 2 propuestas una el proyecto Nº 1162 - de la Policía Judicial - que aprovecha esta oportunidad para poner en practica y vigencia gradualmente a partir del 1 de enero de 2013 lo que se denomina policía judicial”.
“La otra cuestión - manifestó - es la propuesta de reforma del Código Procesal Penal que tiene que ver con la reorganización de las unidades fiscales de investigación me parece y sugiero que habiendo un proyecto 4668/11 de Carlos Martinez, debería tratarse en la próxima sesión, despacharlo en la comisión tratar de que se avance en esta materia. No solo se trata de democratizar la cuestión policial, sino que ese bajo porcentaje de acciones penales que llegue vía sentencia, acuerdo de mediación, juicio abreviado, hoy no llega a muchos menos del 5 por ciento. Tomemos con seriedad el funcionamiento de la justicia penal para que desde todos los ángulos podamos dar una lucha efectiva contra el flagelo de la inseguridad”.
El titular del bloque justicialista Ricardo Sánchez destacó los puntos principales del proyecto señalando “entendemos que es una buena ley que establece un verdadero cambio en el concepto de seguridad donde es importante la creación de la policía judicial que ya esta contemplada en una ley”, añadiendo “celebro que esta ley sea la visión de los legisladores del Chaco y no de un bloque afín al gobierno provincial. Esta ley pretende que no sea una ley de Seguridad para Capitanich, y celebramos la decisión política del Gobierno, pero que también sea fruto de la decisión de la Legislatura del Chaco, manifestando claramente la voluntad de cambio”, enfatizó.
El legislador recordó que hubo rumores de disconformidad en el sector policial por esta ley “respecto de este tema Marcelo Saín dijo que si había decisión política de llevar adelante estos cambios no había resistencia que valga y yo creo que mas allá de las objeciones, valoramos que haya esta decisión de cambiar el paradigma en el concepto de seguridad. Porqué todos vamos a estar de acuerdo de más dinero para el sueldo de los policías, en vez de plantear más patrulleros o mejor armamento y todo lo que necesita un accionar policial que tiene altos niveles de discrecionalidad por el modo en el que se lleva adelante esa función”.
“Sin perjuicio de estar de acuerdo - expresó - nos hemos dado cuenta todos que algo había que hacer para cambiar el paradigma del concepto de seguridad y la forma que desde el Gobierno vamos a atacar el problema. Sin impulso político no puede haber cambio en la organización policial, ese impulso lo dio el gobierno y lo vamos a dar cuando votemos esta ley que tiene mucho para votarse en general, pero en particular todos van a poder aportar”.
Sánchez destacó que se hicieron los pasos correspondientes para el debate de la ley “puede ser que un mes y unos días no resulte mucho para el abordaje de este tema, pero hemos tenido una instancia aquí en la Legislatura con una convocatoria con intendentes, la consulta publica de la semana pasada con mucha difusión, donde era necesario plantear los controles externos del accionar policial, que va de la mano con el control parlamentario y con los fondos especiales, si queremos combatir el delito tenemos que plantear la existencia de estos fondos”, expuso.
“La policía - afirmó - depende orgánica y funcionalmente del Secretario de Seguridad Pública, un cambio que consideramos importante, lo que nos da una apertura distinta para lo que es el personal policial. Tenemos el tema del control parlamentario, que es esencial para dotar a la policía de los medios presupuestarios y que esa inversión tenga el control de los representantes del pueblo. Es una ley que establece un claro cambio respecto del concepto de seguridad, es importante la creación de esta policía judicial que hará que los recursos se usen para tareas de inteligencia y no un dispendio de fondos”.
Policía Judicial
En tanto, con 29 votos se aprobó en general la ley que establece que la “policía provincial actuará como auxiliar de la policía judicial”, modificando así la Ley Orgánica Policial, iniciativa ésta presentada por el diputado de la alianza Marcelo Castelán.
Para ello, se modificarán los artículos 2, 8, 9, 11, y se incorporará el artículo 8 bis de la ley orgánica policial, la sanción en particular de ambas iniciativas parlamentarias que cuentan con aprobación en general continuará el miércoles 9 de mayo.
Fuente: Dirección de Prensa Legislatura
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