El funcionario que investiga el lavado de dinero en la Argentina tendrá desde mañana una semana importante, ya que se espera que se produzca la reglamentación de la nueva ley “antilavado”, que reemplazará a la sancionada en 2001; una norma de tanta complejidad que es muy difícil no pensar que fue hecha para no ser cumplida.

José Sbatella está este fin de semana en Paraná y habló con UNO tanto de la nueva legislación como de la manera en que logró aplicar al menos algunas multas con la vieja ley. También, claro, de las actividades que están en la mira de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que incluyen a las agropecuarias.

El “principal problema” de la legislación vigente hasta ahora (desde 2001) es que no había un bien jurídicamente protegido que permitiera considerar al lavado como un delito independiente.

“Se había derogado la Ley de Subversión Económica, y en el en el Código Penal no existía ningún bien protegido. Y por eso se generó la figura de encubrimiento para el delito de lavado, que necesita de un delito precedente para ser probado. Ese delito precedente es el que generó la masa de dinero. Y como la figura aplicable al que lava dinero es encubrimiento, el que comete el encubrimiento no tiene que haber participado en el delito precedente”, explicó el funcionario.

Este intríngulis permitió hasta hoy que, habiendo delitos originales como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas o defraudación, la pena sólo pueda aplicarse a ese delito, mientras que el encubridor no tiene que haber participado en ese delito para que le quepa la figura de lavado de dinero.

La situación se corrige en la nueva legislación, ya que no se requiere probar el delito precedente, sino que a la UIF basta la imposibilidad de explicar la tenencia del dinero para formular la denuncia contra el sospechoso de lavado.

Por la condición del delito precedente no hubo ninguna sentencia desde 2001 hasta 2010, cuando se condenó a un parrillero cordobés a quien un familiar narcotraficante le dio el dinero para habilitar su negocio. La multa aplicada fue de 100.000 pesos, un monto ridículo en comparación con los volúmenes del lavado en la Argentina.” No hubo una aplicación penal de la ley ni la Justicia lo tomó como una posibilidad concreta. Esto repercutió negativamente en la calificación internacional de la Argentina respecto de la situación del lavado, ya que se señaló que hay una ley y un organismo que no pudieron lograr ninguna condena”, contó el titular de la UIF.

“Por eso el año pasado la Presidenta (Cristina Fernández) envió el proyecto de ley nuevo para modificar esto que no sirve y ponerse a tono de lo que exige el nivel internacional”, añadió.

Pese a esto, desde que Sbatella conduce la UIF se logró avanzar con algunas causas utilizando la ley vieja y este año habrá algunos juicios orales. “La verdad que con esta no está en riesgo el lavado ni se cumple el objetivo de la ley, que lo que busca es el decomiso del dinero. Objetivamente, en 10 años con la ley vieja no se recuperó nada”, remarcó.

Sujetos obligados

En la nueva ley hay un capítulo de prevención que regula el sistema de reportes que deben realizar los obligados por la ley a brindar información sobre posibilidades o acciones o sospechosas de los ciudadanos. Quienes incumplan con estos reportes serán sancionados con duras multas. Este mecanismo apunta especialmente al sector financiero y ha sido objeto de duras críticas por parte de los principales diarios porteños (Clarín y La Nación, por ejemplo) que señalan que es una metodología que atemoriza y desalienta a los inversores.

Sbatella explica que la ley vieja “estaba subutilizada en la parte de prevención. Las anteriores administraciones no hicieron nada al respecto”, señala apuntando especialmente a Alicia López, la funcioinaria que comandó la UIF por un lustro sin aplicar ni una sola multa ni investigación a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, pero en los últimos días se convirtió en crítica mediática de Sbatella al calor del caso Schoklender.

“Nosotros tomamos las atribuciones de la ley vieja, por las que se están poniendo multas, que habilita a normar la actitud de los bancos, casas de cambio, transportadoras de caudales, joyeros, escribanos y si planteamos que si la ley puede lo más, puede lo menos.

Y con ese argumento dijimos se pueden poner multas, y hacer fiscalización e inspecciones. Y nos lanzamos a hacer efectivas las multas, y desde febrero de 2010 pusimos las multas que pudimos porque los sumarios ya estaban hechos. Aplicamos cinco y las publicamos, porque además hasta ahora sólo se podía publicar el nombre del sancionado cuando quedaba firme, es decir que recién cuando la apelación llegaba a la Corte Suprema y ésta dejaba firme la sanción, con lo que habían pasado años…”, remarcó dando cuenta de las dificultades existentes para perseguir el lavado o investigar las sospechas en torno a ese delito.

Con este avance Argentina fue este año al Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo que la había bajado la calificación por la laxitud frente a este delito; a pedir ahora “cosas que estamos convencidos que ese foro debería hacer, como es el control de los paraísos fiscales, situación que no ha sido tomada en serio hasta ahora y es un peligro para países como el nuestro que tiene tendencia a la fuga de capitales. Así llevamos un plan de acción que nos va a permitir estar a la altura de lo que los foros internacionales piden en la materia a los países miembros del G 20”, añadió el funcionario

Sbatella entiende la crítica de los medios como una hipocresía. “Cuando la vieja ley no funcionaba, nadie se quejaba (...) Ayer sacaron casi una editorial en Clarín respecto del “miedo de los empresarios” que no es otra cosa que lo que pasa en todo en mundo con las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Argentina podía elegir un criterio mínimo, sólo para funcionarios del Estado en algunos niveles, pero nosotros elegimos el criterio amplio que se utiliza en Colombia, que las PEP son todas las personas que tienen responsabilidades sociales relevantes y que manejan dinero”, explicó

La nueva legislación considera PEP a empresarios, sindicalistas, jueces y miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, entro otras personas con manejo importante de dinero.

Caso testigo

La UIF logró que se embarguen los bienes de un colombiano que vive en Buenos Aires, luego de que la justicia estadounidense pidiera su extradición acusándolo de haber ingresado nueve toneladas de cocaína a Nueva York (usando submarinos).

Las actividades sospechosas en Argentina se habían reportado en 2006, y la UIF lo investigaba desde 2008, pero al no haber delito precedente no podía denunciarlo, pese a que no se explicaba de dónde sacaba dinero para grandes inversiones, especialmente en empresas agropecuarias.

Casi anecdótico, la audiencia de apelación fue in voce y los abogados del Ministerio Público, misteriosamente, no se presentaron. Los de la UIF sí, incluido Sbatella, que fue la primera vez que usó una fuerte custodia.

Sbatella explica que la ley en la materia “es federal y habilita en las regiones. Estamos bajando a investigar delitos de la Justicia de las provincias, por ejemplo la prostitución” donde después aparece el lavado de lo que se obtiene con estos delitos.

Sobre la nueva situación, el funcionario nacional explica: “Esto es una práctica de conocimiento de lo que se puede hacer. Los jueces desconocen por ejemplo, que para tareas de inteligencia, no como pruebas; tardamos mucho menos que los exhortos judiciales para tener información de personas involucradas en causas, a través de mecanismos específicos, y con información incluso de paraísos fiscales. Pero en la medida que se sepa, la UIF puede actuar como colaborador de la Justicia, y por eso no descartamos incluso abrir dependencias regionales. Igualmente ya estamos colaborando en 80 causas y los jueces empiezan a usar a la UIF como colaboradora”, destacó.

Respecto de actividades propias de la zona donde puede darse el lavado, Sbatella cree que “hay un ámbito propicio” en lo vinculado a grandes operaciones agropecuarias. “Se da en la triangulación, que ha sido denunciada por la AFIP, ese es un objetivo nuestro. Hoy por hoy el delito precedente de Evasión Tributaria Agravada le toca a la Ley Penal Tributaria, pero con la nueva ley el lavado será concurrente con la Ley Penal Tributaria. Entonces podrá haber una sanción por la evasión tributaria y además otra sanción por el lavado del dinero logrado con la evasión. Eso hasta ahora con la ley anterior, no se puede hacer”, indicó.

El loco

Varios medios nacionales señalan que el apodo del titula de la UIF es Loco, por sus posturas extremas y su forma de comunicarlas.

Recuerdan la salida de Sbatella de la Aduana, sus peleas con Néstor Kircher o le atribuyen algunos cortes de cabeza durante la intervención de la Policía Bonaerense de la que fue protagonista.

“No es mi apodo, sino una chicana. Parece que no entienden que nosotros no flotamos en la gestión pública. La peor de las traiciones a cualquier proyecto político es la obsecuencia. Y eso implica que uno se calla en situaciones de posiciones distintas, y la gestión pública no está exenta de conflictos. Uno discute y si no esta de acuerdo se va”, indica taxativamente.

Al referirse a su equipo sostiene: “Nos especializamos en la gestión pública del poder de policía de Estado, y ahí se hace el trabajo que uno vino a hacer , o uno se hace socio de lo que ve y no se anima a cambiar”, explica.

“Y como yo no me hago socio, tengo conflictos; y a veces esos conflictos se salen de la media a la que estamos acostumbrados, y a la que parecen estar acostumbrados los que me dicen loco”, destaca.

“Creo que es inevitable que a uno le adjudiquen cierta locura cuando uno presiona para cambiar algunas cosas, especialmente en un país que viene de tantos años de ruptura del poder de policía y desguace del Estado, para lograr que el Estado sea bobo”.

Otra actitud carece de sentido para el Loco. “A lo único que accede el ciudadano después de los 90 es al poder de policía del Estado. Y este no es más el Estado del 83, sino que quedó un desastre. Y si lo único a lo que accede la soberanía popular es al poder de policía y eso no funciona, ¿para qué tenemos la democracia entonces?”.

Fallos a favor de cuatro jubiladas amas de casa

El abogado José Reviriego, asesor del presidente de la Cámara de Diputados Jorge Busti, fue notificado esta semana de cuatro sentencias más que resolvieron favorablemente los reclamos de las jubiladas amas de casa, instrumentados mediante Acciones de Amparo y medidas autosatisfactivas, contrariando la postura de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y avalada por el gobierno provincial de considerar que el sistema provincial denominado de Amas de Casa y el Sistema Previsional Nacional eran incompatibles.

La Justicia Federal reconoció que sus planteos eran legítimos y que en forma arbitraria se le había coartado el beneficio de la jubilación y de la cobertura de salud.

Se ordena en los fallos judiciales que se restablezca el beneficio coartado y también la cobertura de la obra social PAMI, así como se reintegren todas las sumas que en forma arbitraria se dejaron de abonar desde hace más de un año, por la supuesta existencia de incompatibilidad de beneficios.

A diferencia de cómo se viene sosteniendo desde febrero del año pasado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos “no existe ni existió nunca la supuesta incompatibilidad de beneficios entre la jubilación nacional y la prestación asistencial de Ama de Casa”, explicó el letrado.

También la Justicia a través de estos nuevos fallos judiciales, reconoce el carácter asistencia del beneficio de ama de casas y la inexistencia de reciprocidad jubilatoria con el sistema nacional.

“Las numerosas amas de casa que aún aguardan el reestablecimiento de sus beneficios previsionales y asistenciales por vía judicial, deben ser inmediatamente garantizadas y reparadas en sus derechos por el Poder Ejecutivo provincial”, indicó finalmente.