Si bien hubo reclamos durante la gestión del FCS, nunca recibieron una respuesta y el 2 de diciembre fueron dados de baja, ya que contaban con contratos de locación de obra que no fueron renovados.

Después de la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno, desde los gremios que representan a los empleados (ATE, UPCN) se realizaron gestiones para revertir los despidos, y el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, se comprometió a dictar una resolución ministerial para ampliar, a dos meses, los plazos de vencimiento de los contratos transitorios de obra, para el personal que tiene antecedentes penales.

El instrumentó está, sólo resta la firma del responsable de la cartera para que los contratos puedan ser renovados. Y según se informó, hoy se haría efectiva la rúbrica de la resolución.

Reclamo

Ayer a la mañana, un ex empleado de la Secretaría de Agua y Ambiente, que fue despedido por tener antecedentes penales, se encadenó al frente de Casa de Gobierno y amenazó con coserse la boca si no le renovaban el contrato.

“Yo lo veo mal porque en realidad nos están discriminando y nos están mandando a la calle a delinquir", manifestó Jorge Luis Varela. Y agregó que estuvo preso en el 2005, durante ocho meses y salió con conducta ejemplar.

Hace cuatro años trabaja en Obras Públicas, bajo el régimen de contrato de locación de obra, y fue dado de baja porque no puede ser planta permanente por contar con un proceso judicial.

De acuerdo con la Ley Nº 3276, y el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, las personas en estas condiciones "no podrán ingresar a la función pública el que hubiera sufrido condena judicial", ya que tiene que poseer "condiciones morales y de conducta, para la función a la que aspire ingresar".

Finalmente, el obrero levantó la protesta cuando el subsecretario de Recursos Humanos, Maximiliano Pantalena, le comunicó que su contrato sería renovado.

Varela se retiró conforme, aunque advirtió que si hoy no sale el instrumento para ampliar la contratación volverá a encadenarse.

Apoyo de ATE y UPCN

Durante el reclamo delegados de ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se presentaron para dialogar con las autoridades de Gobierno.

Martha Ponce, delegada de la UPCN, criticó el régimen de contratos transitorios para el personal que tiene antecedentes penales, y bregó por la reinserción social de las personas que tuvieron algún litigio con la ley.

“Es gente que cumplieron su condena, se reinsertaron en la sociedad como lo dicen las leyes, cuando un juez le da la libertad le dice que debe reinsertarse y cómo te reinsertas si no trabajás”, finalizó.