Entre las iniciativas relevantes estuvieron las referidas a los capítulos que involucran a los pueblos originarios, al marco legal de los trabajadores y al régimen general que se refiere a las cuestiones técnicas y legales para acceder a las frecuencias de parte, principalmente, de las emisores de frecuencia modulada.

Las iniciativas de diversos actores de medios de comunicación chaqueños fueron tomadas por la máxima autoridad del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, quien encabezó el foro convocado por el Gobierno provincial en conjunto con el Sindicato de Prensa del Chaco.

“El Chaco fue la primera provincia donde se realizó el foro para la elaboración de la ley y ahora está siendo de las primeras en convocar a la participación ciudadana para la reglamentación”, destacó el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso, al abrir el fuego en el debate que tuvo momentos intensos.

Las propuestas finales recogidas de todos los foros realizados a lo largo y ancho del país serán entregadas por el Consejo Federal a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que este organismo elabore el proyecto de decreto que luego será elevado a la Presidencia. Además de Busso, el panel central del Foro para la Reglamentación de la Ley de Servicios Audiovisuales estuvo integrado por el subsecretario de Políticas Comunicacionales de la Provincia, Néstor Avalle y Orlando Núñez, secretario general del Sindicato de Prensa del Chaco.

En el abanico de presencias que colmó lo que fue el salón de actos de El Territorio se pudo ver a un grupo importante de radiodifusores de Chaco, Corrientes e incluso Formosa, trabajadores de prensa y dirigentes del gremio como Sebastián Acosta, Pedro Capkauskas, Rocío Blotta y Jorge Viñuela, la representante en el Chaco de la AFSCA en el Chaco, Analía Liba; representantes de los pueblos originarios, entre otros.

El aporte del Chaco

“El Chaco siempre se mostró interesado y activo participante en el debate. Por eso estoy aquí acompañando esta iniciativa. La provincia facilitó todo para escuchar a la ciudadanía y que todos puedan expresarse haciendo sus propuestas”, ponderó Busso. Así recordó que fue en el Chaco donde se realizó el primer foro para la elaboración de la ley y ahora también es de las primeras en convocar a la participación ciudadana para su reglamentación.

El subsecretario de Políticas Comunicacionales del Chaco, Néstor Avalle, destacó la convocatoria y valoró la participación de múltiples actores del sector, que acercaron propuestas en un trabajo de varias horas realizado durante la jornada: “La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que integra el gobernador Jorge Capitanich, tomó la decisión de hacer esto en forma participativa para respetar el espíritu con el cual fue concebida la ley”, repasó.

El espíritu de la ley

Desde el Sindicato de Prensa, su secretario general Orlando Núñez señaló que durante el foro “los trabajadores realizamos aportes que tienen que ver con consolidar lo que en la ley se refiere a las incumbencias laborales en los medios de comunicación subrayando más que nada el espíritu democrático de la ley encorsetando las posibilidades de ventanas por donde se filtren algunas “trampas”, al menos en lo que se refiere a nuestro sector”.

El dirigente indicó que “lo propuesto busca reforzar todo lo relativo a la libertad de expresión y el derecho social a la información, teniendo en cuenta que la ley abre las puertas para que otros sectores tengan el acceso a los medios de comunicación. A esto le sumamos garantías para proteger a los trabajadores de prensa consolidando la estabilidad laboral fundamentalmente para proteger la libertad de trabajo profesional sin condicionamientos, la libertad de conciencia y ética en beneficio de un espacio pluralista para una sociedad sin exclusiones”.

Finalmente otra de las iniciativas del sector laboral estuvo dirigida “a imponer restricciones a las empresas para que no tercericen el cobro de fondos provenientes de la pauta de publicidad pública fundamentalmente cuando violaren las normas convencionales, de salarios, de aportes de ley (jubilación y obra social) como una forma de evadir el cobro judicial de deudas”.