“Ampliamos la denuncia que presentamos tiempo atrás. Lo que ocurre es que las empresas aprovechan que el costo del traslado de los tubos está desregulado y de esa manera hacen una buena diferencia, a costa del usuario que no cuenta con las posibilidad de ir a adquirir la garrafa a la planta de envasado”, indicó a época el titular de Comercio de la Provincia, César barrios.

Por dictamen nacional, las garrafas de 10 kilos cuestan 16 pesos, ese valor es respetado en Corrientes pero sólo si es que el usuario va hacia la sede de las empresas y las adquiere allí. Toda vez que un vecino pide reparto a domicilio, la unidad pasa a costar entre 28 y 30 pesos, casi el doble.

Según en funcionario local, esta actitud advertida oportunamente, en tiempo y forma, no es sancionada por la Dirección de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la Nación.

“No sé qué más tenemos que hacer para que el director, Norberto Giuliano, actúe al respecto. Recientemente estuvimos en Ituzaingó y pasa los mismo. Por unas pocas cuadras de flete el consumidor paga casi el importe de dos tubos de 10 kilos”, recalcó Barrios.

El pedido de Comercio es que se trace algún tipo de parámetro para el flete de garrafas, basado en estudios de costo ajustados a la realidad de cada ciudad.

“Las empresas reciben subsidios, compran la garrafa a unos 10 pesos y la venden a 30 pesos, es un despropósito y lo peor de todo es que los organismos de regulación nada hacen al respecto”, fustigó.

Se espera que en la semana haya novedades al respecto de esta denuncia, habrá que ver qué dicen las empresas gasíferas al respecto.

¿Valores para todos?

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios fijó tiempo atrás que la garrafa de 10 kilos se debe vender a un precio máximo de 16 pesos, en tanto que la de 12 a 20 y la de 15 a no más de 25. La medida forma parte del plan “Garrafa para todos”, que fue lanzado el año pasado y se continúa en 2011, y que incluye la firma de un convenio con algunas empresas distribuidoras para que vendan el gas envasado a esos precios.

Desde las entidades que defienden los derechos de los consumidores explicaron que para los consignatarios y los almacenes de barrio es imposible ofrecer las garrafas a ese tope fijado por el Gobierno, pues los comerciantes no pueden obtener ningún tipo de ganancia