De esta manera, en sintonía con la acción de amparo presentada hace 5 años por magistrados y funcionarios -que se encuentra en condiciones de resolución desde hace tiempo- y también en los mismos términos que la demanda presentada el viernes pasado, estos 110 jueces y funcionarios inician una acción de amparo contra el Estado de la Provincia del Chaco “a fin de lograr una razonable adecuación de los haberes que perciben como jueces, fiscales, defensores oficiales o secretarios”.

El documento difundido da cuenta de que esta adecuación se debe a que los haberes son afectados y devaluados por el estado inflacionario que impacta al país y que “hay una directa violación del artículo 154 de la Constitución Provincial”.

Explicaron que se está “afectando la vigencia de principios constitucionales de ‘intangibilidad’ y ‘a igual tarea igual remuneración’, cuya tutela solicitamos se resguarde, por lo que a la hora de sentenciar deberá condenar a la Provincia a realizar los actos tendientes para la debida adecuación de las compensaciones o remuneraciones que los actores deberán percibir en el perentorio e improrrogable plazo de 30 días de firme y consentida la misma”.

Los magistrados afirmaron que “para la adecuación de dichas compensaciones o remuneraciones deberá tomarse como referencia la escala salarial que percibiesen los funcionarios por todo concepto y con cargos análogos a los actores en la Justicia Federal al momento de dictarse sentencia con efecto retroactivo al momento de la presentación del presente reclamo”. Además agrega que “subsidiariamente y para el hipotético e improbable supuesto de no tenerse como base para la debida adecuación la escala salarial correspondiente que percibiesen los funcionarios por todo concepto y con cargos análogos a los actores en la Justicia Federal, se solicita se tome como base la media nacional según el Instituto de Investigaciones Judiciales de la FAM, en la cual se detallan claramente los montos de cada uno de los cargos análogos al de los actores que perciben por sus tareas”.

Por último manifestaron que “no podemos hablar de independencia del Poder Judicial sin la debida autonomía para funcionar, con su debido reconocimiento del principio de intangibilidad de sus remuneraciones o compensaciones, las cuales hoy no pueden ser fijadas por el mismo, lo que expresa una simple expresión de deseo, no solo del constituyente, sino de la sociedad toda”.